Alemania y otros Estados miembro de la Unión Europea se opusieron a una directiva antidiscriminatoria que se disponía a abarcar todo tipo de discriminación en el ámbito laboral, incluyendo a la diversidad sexual. Esta vez no se basan en fundamentos morales sino en la oposición de grupos económicos que presionaron, advirtiendo sobre los costos que recaerán sobre empleadores y prestadores de servicios. Esto ocurre a pesar de que está en vigencia desde 1999 el Tratado de Amsterdam que exige a los países miembro promulgar legislaciones que deroguen discriminaciones injustas por motivos como raza, orientación sexual, religiones y credos, discapacidad y edad en ámbitos laborales y capacitación. Por el momento, a partir de esta negativa, en la Comisión se trabajará en directivas que cubran sólo la discriminación por discapacidad —que tomó impulso por la nueva Convención sobre Discapacidad—, haciendo oídos sordos a activistas europeos por los derechos de la comunidad LGTB, que pusieron el grito en el cielo, repitiendo hasta el hartazgo en los foros que no existen motivos de discriminación más importantes que otros y que toda la Unión Europea tiene derecho a la igualdad.

Sectores de derecha de países como Alemania —que paradójicamente tiene una de las leyes de matrimonio gay más avanzadas del mundo— y la República Checa se oponen a un avance en estos temas que implican profundos cambios, mientras que Suecia, Finlandia, España y el Reino Unido están a favor de avanzar en ese sentido, sobre todo los liberales en el Parlamento, los socialistas, los verdes y la izquierda.

Según noticias de última hora, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento envió una nueva petición para que la Comisión Europea continúe en el camino hacia una directiva antidiscriminatoria horizontal que incluya a los millones de ciudadanos europeos que están ahora desprotegidos.

Para la CHA, esta discusión no significa un retroceso: hay un tratado que debe hacerse respetar y hay un debate pendiente según el cronograma de 2008 que propone el Tratado de Amsterdam. Esta situación visibiliza la necesidad de un debate sobre si los trabajadores tendrán o no plenos derechos en cada uno de los países de la comunidad europea. Según Marcelo Suntheim, secretario de la CHA, habrá que esperar a que se resuelva la directiva horizontal; “Si eso no ocurre, después de 2008 recién se podrá evaluar si se trata de retroceso o un stand by”.