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Una cosa es un sondeo de opinión para ver cuánto mide este o aquel candidato —algo que en el fondo siempre nos quiere hacer ver, en la frialdad o en la tergiversación encubierta de los números, un índice de la voz del pueblo, cuando no de la voz de Dios—, y otra muy distinta la encuesta que desde 1993 la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) envía a las y los principales candidatos para saber qué piensan y qué proponen sobre todo lo relacionado con los derechos de las minorías sexuales. De frente a un proceso eleccionario como el que tendrá lugar en la Argentina el 28 de junio, esta herramienta es un test que pone a los políticos del otro lado (del lado de los encuestados, se entiende) y que además de buscar que se pronuncien sobre temas a los que muy rara vez se les hace lugar en las campañas, constituye un compromiso que la o el candidato asume en la medida en que, lejos de ser anónima e impersonal como tantas, esta encuesta lleva su firma junto a su nombre y apellido.

Con la consigna “No vote a los que discriminan”, la CHA les ha entregado la semana pasada un cuestionario a los candidatos que son cabezas de lista en las boletas de los partidos más importantes para conocer su posición en relación con sus reclamos. Y si bien todavía ninguno ha enviado sus respuestas —las cuales serán difundidas por la CHA antes de las elecciones, junto con los nombres de aquellos y aquellas que se nieguen a responder la encuesta—, es posible palpitarlas, cuanto menos, a través de algunas de sus preguntas: “¿Votará la Ley de Unión Civil Nacional que reconozca los derechos de pensión por fallecimiento, herencia y coadopción tanto para parejas del mismo o de diferente sexo?” “¿Votará la modificación de la resolución del Ministerio de Salud para quitar la prohibición a las personas homosexuales de donar sangre?” “¿Votará una ley sobre la identidad de género que garantice los derechos de las personas trans y travestis (cambio registral, acceso a la salud, educación y trabajo)?” Preguntas que según cuenta César Cigliutti, presidente de la CHA, “permiten que los candidatos dejen ver un perfil diferente al que suelen mostrar en las campañas, haciéndolos pronunciarse sobre temas de los que no suelen hablar en los medios”.

Conformémonos, mientras tanto, con los antecedentes: en la elección legislativa de 2005, el 80 por ciento de las y los candidatas por la provincia y la ciudad de Buenos Aires respondió la encuesta (no lo hizo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, quien no obstante fue coherente con su decisión de no responder ninguna encuesta). En esa oportunidad, todxs los candidatos se expresaron a favor de una Ley de Unión Civil a nivel nacional que reconozca los derechos de pensión por fallecimiento y herencia a las parejas homosexuales, mientras que sólo el 57 por ciento se mostró de acuerdo con que se les otorgue el derecho a adoptar. También fue unánime el acuerdo para derogar la actual resolución que discrimina a los homosexuales para donar sangre y para legalizar el cambio o readecuación del sexo en la documentación de las personas trans (cuestiones que al cabo de cuatro años siguen todavía en veremos).

“El año pasado se otorgó la pensión por viudez y en la encuesta del año anterior no sólo había una pregunta sobre el tema, sino que también hubo una amplia conformidad al respecto”, señala Cigliutti, y aclara que detrás de las preguntas hay problemáticas sobre las que la CHA y otras organizaciones se vienen ocupando desde hace mucho. Y si bien basta echar un vistazo a las respuestas que Daniel Filmus y Mauricio Macri dieron cuando ambos disputaron la Jefatura de Gobierno de la ciudad en 2007 para corroborar que en ellas prima lo políticamente correcto, eso para Cigliutti es algo muy valioso, puesto que 25 años atrás lo políticamente correcto era exactamente lo contrario. “No obstante, si te fijás en las respuestas que dio Macri, se muestra muy cuidadoso de no caer en compromisos concretos. Algo que ahora se nota en su gestión, si uno mira lo mal que se ha manejado con el problema de la zona roja y cómo durante casi un año el gobierno de la ciudad no repartió preservativos en el marco de su campaña contra el vih-sida”. Y si no, comparen las respuestas que dieron Filmus y Macri a la pregunta: “¿Crearía una oficina que trate específicamente la violencia de género sufrida por las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexuales, que tenga la capacidad de iniciar acciones legales con el asesoramiento de Organizaciones lgbtti como la CHA?”. Filmus: “Sí. En el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos se creará un consejo asesor con la participación de las ONG que trabajan en esta temática”. Macri: “La violencia no puede ser aceptada en ninguna de sus formas. Las víctimas de agresiones deben ser contenidas y asistidas en espacios acordes a sus necesidades. Por eso desde PRO vamos a fortalecer las áreas sociales y de salud de atención, asesoramiento jurídico y acompañamiento de todas las víctimas de violencia de género que lo requieran”. Apenas una declaración de buenas intenciones... Ejemplo de lo que para Cigliutti es una limitación lógica de la encuesta: “Con lo declarativo está todo bien, pero lo importante es que esas intenciones se traduzcan en políticas concretas”.