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Quizá fue la arrogancia de los conquistadores europeos, convencidos de que traían consigo la civilización, lo que dio origen a ese cliché que afirma que de este lado del globo “casi todo llega tarde”. Un supuesto que acaso le otorgue mayor dimensión al hecho histórico de que Uruguay esté a punto de convertirse en el primer país latinoamericano en legalizar las adopciones para parejas del mismo sexo. Algo que si bien lo suma a una lista de 22 países en donde esto ya era posible (entre los que están España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca y algunos estados de los Estados Unidos), define un ejemplo a seguir en un continente en donde la pérfida influencia de la Iglesia Católica mantiene esfuerzos denodados por atrasar ese reloj que en Uruguay adelanta.

Fue hace dos semanas que la Cámara de Diputados uruguaya aprobó con 40 votos a favor y 13 en contra un proyecto de ley mediante el cual podrán adoptar todas las parejas con cuatro años de matrimonio o concubinato –incluidas las parejas homosexuales–, y que ahora volverá al Senado para que se aprueben allí algunas modificaciones. Lo que se prevé como un trámite rápido (el Senado ya le había dado media sanción en julio) y que debería suceder antes del martes que viene, día en que concluye el período legislativo. Así, Uruguay consolida un proceso de transformación que se había iniciado en 2008, cuando se aprobaron las uniones concubinarias (el equivalente a la unión civil argentina), y que continuó con la media sanción que el Senado le dio en diciembre a un proyecto de ley que habilita el cambio de nombre y sexo en los datos registrales de las personas trans, y con la decisión del presidente Tabaré Vázquez de derogar la normativa que impedía el ingreso de gays a las fuerzas armadas.

La oveja negra de la familia

Este escenario hoy no sería posible si no fuera por el trabajo que vienen realizando en Uruguay las organizaciones Glttbi y, de manera destacada, el colectivo Ovejas Negras, el cual hace tiempo asesora a diputados y senadores del Frente Amplio, el partido oficialista. “El proyecto de esta ley de adopciones, que plantea que los niños de las parejas homoparentales tengan los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales, empezó como una cuestión dentro del movimiento hace cuatro o cinco años”, cuenta Diego Sempol, miembro de Ovejas Negras. “En ese contexto, no sólo nos propusimos trabajar con diputados y senadores del Frente Amplio en la elaboración del proyecto, sino también generar espacios de discusión tanto en universidades como con periodistas y comunicadores. De este modo se fue delineando una estrategia que hizo que a principios de año nuestro colectivo organizara una campaña contra la discriminación, que incluyó spots televisivos, spots radiales y carteles en la vía pública, y que por su masividad generó un debate social muy fuerte sobre la situación de ‘tolerancia opresiva’ que muchas veces vivimos en el Uruguay gays y lesbianas.”

Eso fue lo que hizo –según Sempol– que se instalara en la agenda pública la necesidad de avanzar en una legislación como la que propone la nueva ley de adopciones. Aunque él aclara: “No hay que pensar que Uruguay es un paraíso para las personas Glttbi. Acá sigue habiendo una fuerte discriminación, sobre todo cuando viene de sectores muy conservadores. No en vano los obispos uruguayos salieron la semana pasada a bregar porque en los colegios católicos no se contraten a profesores gays, ya que consideran que no es saludable para esas instituciones. Esto te da la pauta del clima de polarización en el que estamos insertos, más allá de que hay también un avance muy importante en los sectores más juveniles, en la clase media y en los sectores populares. Una progresiva aceptación de que vivimos en una sociedad diversa, donde cada uno vive y siente de formas diferentes, sin que ello implique la pérdida de derechos, ni justifique la agresión como respuesta”.

La nueva ley –que le otorga enteramente al Estado la regulación de las adopciones, en lo que hasta ahora tenían fuerte participación el Movimiento Familiar Cristiano, estudios de abogacía y escribanías– deja de exigir como requisito la unión matrimonial en un país en donde las personas o bien debían estar legalmente casadas para adoptar (y allí la unión concubinaria no cuenta), o bien podían hacerlo como solterxs. Lo que no quitó, sin embargo, que muchas parejas de gays y lesbianas hayan podido adoptar según el régimen de adopción simple.

Efectos y defectos

Esto es lo que seis años atrás hicieron Andrea y Mariela, madres de una niña que en los papeles sólo figura como hija de la segunda. “Es una situación muy extraña: no hay nada que diga que Ayelén es hija mía”, se queja quien no tiene reparos a la hora de denunciar la vulneración de derechos y el vacío legal que ello supone. “De esta forma, nuestra hija no tiene los derechos que debería tener por parte de la otra mamá, ni yo tengo las obligaciones que debería tener legalmente”, explica Andrea. “Si ocurriera una desgracia y a Mariela le pasara algo, todo sería muy engorroso porque yo tendría que pedir la adopción nuevamente. Y si fuera una mala persona y me quisiera desentender del asunto, Ayelén no tendría manera de reclamarme nada. En este sentido, lo que veo como positivo de la nueva ley es que reconoce una situación que de hecho ya existe. Porque nuestras hijas e hijos existen, eso nadie lo puede negar. Y estos hijos nuestros se merecen los mismos derechos que el resto de los niños.”

Para Mauricio Coitiño, del colectivo Ovejas Negras, una crítica que se le podría hacer a la nueva ley es que deja sin efecto el sistema de adopción simple. “Sería interesante que este sistema se mantuviese, porque hay personas solas que quieren adoptar y no tienen por qué hacerlo en un contexto de pareja. La necesidad de que sea una pareja la que adopte me resulta un poco excluyente, aunque entiendo que se trata de garantizar los derechos del niño en toda su dimensión, partiendo de la base de que la crianza sería mejor si hay dos mayores a su cargo.” Y agrega: “En la ley anterior nada se decía sobre la orientación sexual de los padres y las madres; y por eso, en los hechos, gays y lesbianas adoptábamos. Esta ley permitirá que la adopción ya no quede sometida al criterio de ningún juez, por lo que ser gay o lesbiana no pesará como un factor ni a favor ni en contra. Todas las parejas homoparentales o heterosexuales van a ser evaluadas por cuestiones que nada tienen que ver con su orientación sexual sino con las posibilidades concretas de crianza y de cuidado de los menores”.

Algo que llama la atención es que en Uruguay no se haya puesto todavía a consideración del Poder Legislativo –como sí lo ha hecho en nuestro país la Federación Argentina LGBT– un proyecto de ley que contemple el matrimonio de parejas del mismo sexo. “Pienso que el año que viene vamos a impulsar una ley de matrimonio, aunque en este momento no hay ningún proyecto referido al tema”, comenta Diego Sempol. “Nosotros hemos preferido fragmentar un proyecto de matrimonio para tener los mismos derechos en proyectos diferentes. Y esto acaso ha tenido que ver con la idiosincrasia uruguaya y con la cultura política local, según la cual las transformaciones tienen que ser progresivas. Capaz que este modelo no funcionaría en el caso argentino, no lo sé. De cualquier modo, lo interesante es que cada movimiento Glttbi piense sus estrategias en función de su propia realidad local. Inspirarse en lo que pasa en España no está mal, pero lo que en definitiva importa es ver qué pasa en mi país y cuáles son las estrategias más viables en función de esa realidad.”