Los avances y retrocesos de nuestra comunidad podrían dividirse en etapas. En la primera, el eje era el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se producían sobre nosotras. No sólo por la represión policial sino porque no existían políticas estatales para garantizarnos derechos básicos (a la salud, a la educación, al trabajo, a la identidad). La segunda es la de nuestro acceso a esos derechos. Nos tocaba luchar por el acceso y permanencia en ellos. La tercera es la que se viene ahora: la de la exigibilidad. Ya no son cosas que pedimos, son cosas que exigimos porque han sido consagradas por la letra de la ley. Y aparecen obstáculos, por ejemplo, funcionarios como el ministro de Salud, Juan Luis Manzur, y otros funcionarios menores de las provincias que nos cierran las puertas en la cara. No se sabe si es que no han entendido o si se resisten a los lineamientos claros del gobierno nacional de la inclusión para todxs, pero todavía el ministro de Salud no da cumplimiento a la reglamentación al artículo de salud de la Ley de Identidad de Género. La ley lo dice claramente. “Salud integral” no sólo son protocolos hormonales y cirugías sino el derecho básico a que si te sentís mal, puedas ser atendida como corresponde en cualquier hospital. Para eso se necesita capacitar a los profesionales para que sepan cómo manejarse a la hora de atender a una persona trans. No es verdad que se necesite un enorme presupuesto, ni traer nada de afuera, ni aparatología, sino capacitar a los médicos que ya tenemos. No se sabe si lo que frena al ministro es una cuestión moral o si son las obras sociales. Tiendo a pensar que hay un choque de intereses: un conflicto económico con las obras sociales que se mezcla también con conflictos religiosos. ¡Vaya una a saber cuáles son las fantasías con respecto a nuestras demandas, qué piensan que vamos a pedir! Señor ministro, quédese tranquilo: reglamentar la ley no va a hacer que un aluvión trava resquebraje y parta al medio el sistema de salud de la Nación.