En una resolución de más de un centenar de carillas, el magistrado también embargó los bienes del represor, recientemente extraditado desde España y a quien apodaban "Sérpico", en 12 millones de pesos.

Torres responsabilizó a Cavallo por el secuestro y aplicación de tormentos a las religiosas, a Villaflor de De Vicente y a María Ballestrino de Careaga, Remo Berardo, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Fondevilla, Patricia Oviedo, María Ponce de Bianco y Horacio Elbert.

Todos ellos fueron privados ilegítimamente de su libertad en diciembre de 1977 y llevados al centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

Allí se los sometió, según se lee en la resolución de Torres, a "diferentes tormentos para luego ser alojados bajo condiciones inhumanas en los sectores denominados 'Capucha' y 'Capuchita'", entre una semana y diez días y luego "fueron trasladados por personal de la marina".

El secuestro de la mayoría de las víctimas se realizó el 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia Santa Cruz donde el represor Alfredo Astiz se había infiltrado con el nombre de Gustavo Niño en reuniones de familiares de desaparecidos.

"Se desprende de los distintos testimonios puestos de relevancia que hubo un amplio acuerdo de voluntades que permitió lograr la detención de las doce personas que resultan víctimas conforme un plan de ejecución precisamente ideado y desarrollado", afirmó el magistrado en uno de los párrafos de su resolución.

De esta manera Cavallo -quien cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz- sumó un nuevo procesamiento desde que fue extraditado desde España, el 31 de marzo último.

A partir de ese mismo día el juez Torres, con la intervención del secretario Diego Javier Slupski, intentó indagarlo en varias ocasiones y por diversos hechos (desapoderamiento de bienes de desaparecidos, el secuestro de las monjas francesas y el de Rodolfo Walsh) pero el represor siempre se negó a contestar preguntas.

Luego que Torres reclamara la extradición de Cavallo, las autoridades de España, en mayo de 2007, y previa consulta con México -donde el represor fue descubierto y detenido a mediados de 2000- la otorgaron, pero indicaron que antes debía ser juzgado a nivel local y, en su caso, cumplir con la eventual condena que se le dictare.

La extradición quedó con "vía libre" cuando la Sala en lo Penal Sección 3ra. de la Audiencia Nacional decidió sobreseer a Cavallo.