Mié 18.06.2008

15:01  › A PEDIR DE BERLUSCONI

Avanza la ley "salva primer ministro"

El Senado italiano aprobó hoy una de las dos enmiendas a la ley de seguridad que permitirá suspender juicios en el país y que la oposición bautizó "salva primer ministro", en alusión a los procesos que enfrenta el premier Silvio Berlusconi. La aprobación contó con 160 votos a favor y 11 en contra, pero parte de la oposición abandonó el aula del Senado antes de la votación.

El argumento esgrimido es que las enmiendas tienen como objetivo suspender, entre otros, juicios como el que enfrenta en Milán en jefe del gobierno, acusado de corrupción judicial.

Algunos miembros de la oposición, entre ellos la ex ministra de Política Europeas, Emma Bonino, permanecieron en el aula, para votar contra la enmienda.

La enmienda aprobada suspende algunos procesos por delitos cometidos hasta el 30 junio de 2002.

El texto tendrá como efecto dar la prioridad frente a los tribunales a los procesos que se refieren a casos más recientes y considerados más graves, o sea cuando la pena prevista es superior a los 10 años.

Los demás procedimientos por hechos cometidos antes del 30 de junio de 2002 serán suspendidos por un año.

Berlusconi reconoció el lunes que esta medida se aplicará a uno de los "numerosos procesos fantoches que los magistrados de extrema izquierda inventaron en mi contra con fines políticos", en el más duro ataque a los jueces desde que volvió al poder en abril pasado.

Sin embargo, la justicia volvió a fallarle en contra hoy en uno de los casos que lo atañen.

La fiscal general sustituta de Milán, Laura Bertolé Viale, se manifestó contra el pedido de recusación presentado ayer por el abogado de Berlusconi, sobre el presidente del tribunal del juicio por presuntos fondos negros de Mediaset, la empresa de telecomunicaciones de su familia.

Berlusconi está acusado de corrupción judicial en ese proceso, junto al abogado británico David Mills.

Bertolé Viale definió como "inadmisible" la solicitud de recusación, porque está fuera de término y afirmando que no existe "enemistad grave", pero la opinión de la sustituta fiscal no es vinculante.

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