El presidente Evo Morales, en tanto, viajaba hoy a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), convocada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para analizar la crisis institucional de Bolivia.

El vicepresidente Alvaro García Linera, recordó que el mandato del presidente Morales fue ratificado por el 67 por ciento de los votos, "por lo tanto tenemos el derecho de llevar adelante nuestro programa de gobierno", dijo.

"El gobierno llevará adelante un proyecto constitucional legalmente construido, legalmente aprobado y que representa la voluntad de todos los bolivianos", precisó en declaraciones a la prensa.

García Linera, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA, sostuvo, ante el estancamiento del acuerdo con la oposición en el diálogo nacional, que el gobierno está dispuesto a "oír el pedido de las minorías, de las fuerzas regionales", pero aclaró que "las minorías y las fuerzas regionales no tienen ningún derecho a veto".

Aseguró que el gobierno mantendrá el diálogo con la oposición, pero pidió a los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos regionales "un baño de realidad" y sugirió que si "quieren tener y llevar adelante un proyecto nacional, que ganen las elecciones, así como hemos ganado nosotros".

"Hoy por hoy son fuerzas regionales, legítimas, pero regionales, y tienen que saber comportarse como tales y el gobierno las trata y las seguirá tratando como tal", dijo.

Agregó el vicepresidente que el gobierno tiene "indicios para sospechar" que los prefectos opositores no tienen la voluntad para firmar el acuerdo que propuso el gobierno para adelantar la ley de convocatoria a un referendo para aprobar o rechazar la Constitución.

Ayer domingo, Morales, que hoy partió a Nueva York donde mañana hablará ante la asamblea general de la ONU y el miércoles se sumará a una nueva cumbre de la Unasur, urgió a la oposición a firmar un preacuerdo para convocar al referendo constitucional y revisar el capítulo sobre autonomías.

Pero el pedido fue rechazado por los prefectos opositores, quienes primero presentaron una propuesta alternativa para discutir otros "temas troncales" de la Constitución.

Pero, finalmente, volvieron a cambiar su postura, según informó el diario paceño La Prensa, y decidieron respaldar el proyecto sólo cuando se reconozca la "autonomía plena" de los departamentos, lo que pareciera aludir, sin mayores precisiones, al manejo autónomo de tierras, recursos naturales, impuestos y policía.

"Resulta muy difícil que hoy mismo se pueda fijar la fecha para convocar a un referendo, porque eso significaría que también se clausura la posibilidad de discutir otros temas de alta relevancia para el país que no sean sólo las autonomías", afirmó el prefecto de Tarija, Mario Cossío, vocero de sus colegas nucleados en la Consejo Nacional para la Democracia (Conalde).

Por su parte, el representante del gobierno chileno y coordinador de la comisión veedora de la Unasur, el ex canciller Juan Gabriel Valdez, dijo anoche que se dejó pasar una buena ocasión para lograr un pacto entre las partes.

"Pensamos que había una oportunidad importante de llegar a un acuerdo que garantizaba que se diera la hoja de ruta que permitiera asegurar al pueblo de Bolivia que este proceso va a llegar a un fin conveniente y que va a tener éxito, éxito que serviría para lograr la pacificación del país".

Valdez añadió: "A los miembros de Unasur nos hubiera gustado ver que se tomara la oportunidad que hoy (por ayer) estuvo presente".

Por su parte, los indígenas guaraníes, campesinos y colonizadores decidieron radicalizar ayer domingo el bloqueo de rutas en el departamento de Santa Cruz, tras la negativa de los prefectos opositores de suscribir un acuerdo que permita pacificar Bolivia y garantizar la convocatoria del Congreso a referendo constitucional hasta el 1 de octubre próximo.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, citado por la agencia oficial de noticias ABI indicó que las movilizaciones no están avanzando al centro de la ciudad de Santa Cruz, y que, por el contrario "hay una actitud responsable de los dirigentes sociales porque no quieren generar actos violentos".

Por eso, dijo el ministro, el gobierno descartó una posible intervención de las fuerzas del orden, y sostuvo que la forma de "desactivar esas cosas" es que los prefectos demuestren que el diálogo tendrá resultados que respondan a los reclamos del pueblo.