Las autoridades nacionales sostuvieron que "la minoría no puede ahora chantajear a la mayoría" y exigir cambios al proyecto constitucional que aprobó en diciembre pasado la Asamblea Constituyente con mayoría oficialista, fuera de las autonomías regionales triunfantes en plebiscitos departamentales realizados en 2006.

La oposición destacó que el fracaso del diálogo que se prolongó durante 23 días "no puede significar nunca la apertura de un ciclo de confrontación y violencia", y pidió "hacer esfuerzos para resolver por la vía democrática" las diferencias que subsisten.

El prefecto (gobernador) del departamento (provincia) Tarija, Mario Cossío, atribuyó el fracaso del diálogo a "la imposibilidad de encontrar coincidencias necesarias en los temas centrales de la agenda", informó la agencia noticiosa italiana ANSA.

El gobierno central mantuvo su negativa a analizar otros aspectos del proyecto oficial de constitución que los prefectos opositores consideraban fundamentales.

Según el gobierno, sólo era posible abrir el capítulo sobre las autonomías regionales porque esa demanda ganó en el referendo de 2006 en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y ese resultado tenía carácter vinculante con la nueva constitución.

El ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, que dirigió la mesa sobre la constitución y las autonomías, anunció que los acuerdos alcanzados en el diálogo acerca de las potestades regionales serán incorporados en el proyecto que irá a referendo.

Pero Cossío dijo que esos acuerdos "no satisfacen" la "expectativa de autonomía departamental plena" de los prefectos opositores y negó que se hubiera pretendido "revisar totalmente" el proyecto de constitución aprobado en diciembre. "Presentamos un conjunto de temas puntuales que requieren un análisis más profundo", dijo Cossío.

La oposición cuestiona, por ejemplo, el último artículo, según el cual la constitución podrá ser cambiada por mayoría simple por la asamblea legislativa que sustituirá al Congreso según el proyecto aprobado.

Romero anunció que el gobierno llevará ahora al Congreso, "que es el escenario natural de los acuerdos políticos", el debate sobre los cambios y la convocatoria a referendo sobre la constitución.

En esa perspectiva, la oposición demandó al presidente Evo Morales una auditoría del padrón electoral para garantizar transparencia a la consulta, mientras las organizaciones sociales se aprestan a movilizarse para obligar al congreso a convocar a la consulta.

"Nosotros hemos pedido que para cualquier proceso electoral que se programe hacia adelante es imprescindible y es un deber moral contar con un padrón electoral y un registro civil transparente", declaró Cossío.

"Queremos expresar que concluimos este proceso en paz, con la satisfacción de haber entregado todo lo que podíamos", dijo Cossío y agradeció el apoyo de observadores internacionales y de las iglesias católica, evangélica y metodista.

"Lamentamos que no se hayan avenido al acuerdo nacional que significaba consolidar los consensos sobre autonomías y garantizar y viabilizar el referendo", declaró Romero.

El funcionario atribuyó el rechazo de los prefectos al documento, propuesto por Morales, a una "maniobra política" para imposibilitar un "acuerdo nacional que significaba consolidar los consensos sobre autonomías y garantizar y viabilizar el referendo".