El fiscal destacó que la pesquisa permitió determinar con "certeza" que durante el primer semestre del año 2008, las empresas aéreas "vendieron numerosos pasajes sabiendo perfectamente que con la infraestructura operativa disponible jamás podrían cumplir los compromisos asumidos".

En su dictamen, Delgado abundó que el grupo, representado en la Argentina por la sociedad anónima Interinvest, "vendió numerosos pasajes, a sabiendas que no iba a poder cumplirlos, recaudó anticipadamente las ganancias respectivas y obligó al Estado a inyectar forzosamente fondos para paliar tales irregularidades y normalizar el tráfico aéreo".

El representante del ministerio público consideró "obvio" que Marsans cometió "una deliberada defraudación cuyo costo, finalmente, debió asumir el Estado Nacional".

La maniobra, sostuvo, "es más que el incumplimiento del contrato que liga al concesionario con el usuario, ya que se trató un plan perfectamente madurado de antemano tendiente a aumentar la tasa de ganancia".

El fiscal basó su aserto en que "en ese preciso momento de receso invernal, con los usuarios "in situ" reclamando, ante el incumplimiento previamente pergeñado, el Estado haría lo necesario -léase desembolsar dinero público- para garantizar el servicio".

La operatoria se desarrollo en el primer semestre del corriente año y se exteriorizó en el primer fin de semana de las vacaciones de invierno, antes que el Estado nacional resolviera retomar el control de la compañía aérea de bandera privatizada en 1992.

En julio pasado, al inicio del receso invernal, en las estaciones aéreas de Aeroparque y Ezeiza se produjeron escenas de furia de usuarios que habían pagado por un servicio que la empresa no estaba en condiciones de brindar por falta de aeronaves y pilotos en cantidad suficiente.

Testimonios recogidos incluso entre periodistas permitieron constatar que pese a contar con la mitad de la flota total de aviones disponibles para realizar los vuelos, Marsans continuaba vendiendo pasajes como si pudiese cumplirlos normalmente.

De las aproximadamente setenta aeronaves que integraban la flota total de Aerolíneas Argentinas y Austral, "sólo se encontraban operables una treintena de ellas", dictaminó Delgado.

Esta situación se debió "a la falta de inversión en presupuesto de reparación y mantenimiento que brindaba la empresa, lo que llevó a un progresivo deterioro de las aeronaves y en consecuencia, a una imposibilidad material de cumplimentar los vuelos pactados".

Durante la investigación, gremialistas que declararon como testigos informaron que el grupo español "recaudaba dinero (mediante la venta de pasajes) y no lo reinvertía en la empresa".

Este flujo invertido por la empresa en repuestos y mantenimiento de las aeronaves fue disminuyendo mes a mes durante el año 2008, al punto de llagar a los que habitualmente se denomina en la actividad aerocomercial como "canibalismo", consistente en sacar repuestos de un avión para ponérselos a otro "Día a día se observaban en los hangares de los aeropuertos "un mayor número de aviones inoperables, postrados", sostuvo Delgado en su dictamen.

Según la pericia, en el primer semestre de 2008 la cantidad de aviones disponibles tocó fondo y llegó a cifras inferiores al 50 por ciento de la flota total.