"Se hacía lo que se podía, con los recursos y el personal que se tenía", dijo esta mañana Fiszbin en su declaración indagatoria en el juicio oral y público por la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004, en la que murieron 194 personas y se registraron centenares de heridos.

Tras escuchar la primera parte de la declaración de Fiszbin, el TOC 24, a cargo del debate público en la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Justicia, ordenó un cuarto intermedio para continuar esta tarde con la exposición de la procesada.

El local (y otros de esta ciudad) funcionaba con el certificado vencido de prevención de incendios que extiende la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, pero la ex funcionaria, que se desempeñó durante 2004, atribuyó a la carencia de personal y de presupuesto la falta de control sobre los infractores.

Fiszbin, procesada por "incumplimiento de los deberes a su cargo", precisó que a principios de ese año la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) contaba con 393.000 pesos para llevar a cabo su cometido sobre unos 250.000 locales de distintos rubros, entre ellos los "Clase C", como República Cromañon.

"Se exigió a la Secretaría de Hacienda el aumento de presupuesto", pero "no me atendían el teléfono", lamentó Fiszbin quien acotó que entonces se reasignaron partidas, pero que después del incendio del boliche "para 2005 se aprobó un presupuesto de 5.000.000 de pesos".

La procesada abundó en datos estadísticos que, exhibidos en pantallas gigantes, acompañaron su primera declaración como imputada ante el TOC 24, durante la audiencia que fue seguida por una docena de familiares y amigos de las víctimas.

A pesar de la escasez de presupuesto, las clausuras dispuestas en 2004 lo fueron en una proporción de 7 a 1, con respecto al año anterior, destacó Fiszbin.

"Antes del 2004 no se hacía nada", manifestó la ex funcionaria porteña en coincidencia con el testimonio brindado días atrás por el defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, cuya declaración incriminó a la ex funcionaria.

Alimena expuso que, en enero de 2004, advirtió a Fiszbin sobre las infracciones a las normas para el funcionamiento de locales y la necesidad de disponer clausuras, pero que la entonces subsecretaria de Control Comunal le contestó: "No me pidas esto. No podemos cortar todo".

Además de Fiszbin, están procesados los ex directores del área a su cargo Gustavo Torres y Ana María Fernández, el empresario y explotador de República Cromañon Omar Chabán, su colaborador Raúl Villarreal, los músicos y el manager del grupo Callejeros, y dos oficiales de la seccional 7ª. de la Policía Federal.