El ministerio de Desarrollo Social tuvo que argumentar que "el objetivo principal de la creación del registro es contar con información estadística que oriente políticas públicas de prevención y protección del trabajo". A su vez, aclara que "de ninguna manera se quiso vulnerar en algún sentido la privacidad de los ciudadanos".

Las marcha atrás se produjo luego que la oposición en la Capital, abogados y hasta organismos de Derechos Humanos levantarán la voz contra la medida dispuesta por la administración macrista al considerarla "inconstitucional".

El decreto había sido cuestionado por abogados laboralistas y representantes de la oposición. "Atenta contra las libertades individuales", se quejó Diego Kravetz, jefe de la bancada kirchnerista de la Legislatura porteña. Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), opinó: "Esta herramienta debería utilizarse para fiscalizar que se cumplan los contratos de trabajo y los convenios colectivos, pero no existe motivo para que se solicite información sobre lo que hace un trabajador fuera de su horario laboral".

Asimismo, el gobierno porteño insistió en que las empresas no están habilitadas a realizar encuestas entre sus empleados para obtener datos sensibles y que los datos solicitados "se manejan bajo secreto estadístico".

La medida que adoptó Macri consiste en la creación del Registro Online de Empleadores, que exige a los empresarios privados de la Ciudad presentar información del ámbito laboral, pero también del personal de sus trabajadores.

Con relación a los empleados, el decreto estipula que las compañías deben brindar información sobre adicciones, enfermedades, nivel de educación, y composición familiar.