“No queremos vulnerar la privacidad de nadie”, declaró el subsecretario de Trabajo porteño, Jorge Ginzo, a Página/12 al ser consultado por el decreto, firmado por Mauricio Macri, que obliga a que los empleadores de la ciudad brinden al gobierno información sobre las adicciones de sus empleados. La polémica estalló en la tarde de ayer, cuando trascendió que en el Boletín Oficial del miércoles último se publicó el decreto de creación del Registro On Line de Empleadores (Nº 625/09), por el cual cada empresa debe informar cuántos trabajadores padecen tabaquismo, alcoholismo, “drogadependencia”, ludopatía u “otros”. Los legisladores porteños Alejandro Rabinovich y Diego Kravetz calificaron al decreto como inconstitucional y violatorio de las garantías individuales (ver recuadro).

El decreto 625/09 lleva las firmas de Macri y de su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El subsecretario Ginzo –cuya cartera depende del Ministerio de Desarrollo Económico– hizo hincapié en que el decreto tomó los recaudos necesarios para no vulnerar la privacidad de los empleados. “El único sujeto que se identifica es el empleador, de ninguna manera el trabajador que padece tal o cual adicción. En ninguna de las tablas de información que tienen validez estadística se requiere identificar por nombre y apellido a los trabajadores”, explicó a este diario. El texto de la norma, en sentido estricto, solamente refiere la creación del Registro On Line de Empleadores y es en su anexo que precisa los datos a requerir de las empresas.

–¿Por qué pide el gobierno de la ciudad esta información a las empresas?

–Esto solamente busca sustituir un registro documental de empleadores por uno on line. El texto del decreto claramente dice cuáles son los datos: información de la situación legal del empleador, información sociolaboral, acciones proyectadas para el período... La información luego se procesa, la referenciamos geográficamente por comuna, tamaño de empresa y sectores de actividad.

–Pero la información sobre adicciones forma parte de la intimidad de los empleados.

–A nosotros no nos interesa vincular la información con un sujeto trabajador cuya identidad conozcamos: lo que queremos es información cuantitativa, estadística. Quiero que quede clarísimo porque no violentamos la intimidad de nadie. Le pido por un momento que se ponga el sombrero de la autoridad laboral. Nosotros realizamos inspecciones de trabajo, llevamos adelante programas de empleo privado y acciones de capacitación. Necesitamos tener información sobre qué pasa en el mercado de trabajo para orientar ese tipo de acciones.

–¿Y por qué, entonces, pedir a las empresas que hagan encuestas internas para recabar datos que corresponden al área de salud?

–Tener que completar información sobre adicciones no habilita al empleador a realizar encuestas entre sus empleados. En segundo lugar, la herramienta se maneja bajo secreto estadístico. Y por otra parte, las distintas tablas sirven a distintas áreas de gobierno, hacemos una única herramienta para no estar pidiendo datos por distintos lados. Además, las áreas de recursos humanos normalmente saben quién padece alguna discapacidad o adicción. Muchas veces los trabajadores terminan perdiendo su empleo por las consecuencias de ser alcohólico, por ejemplo, porque se convierte en un faltador crónico, tiene bajos niveles de rendimiento, pierde la concentración con facilidad, es más propenso a sufrir accidentes o se vuelve irascible con sus compañeros de trabajo.

–Pero son cuestiones que, en todo caso, deberían abordarse desde el área de la salud pública.

–La Subsecretaría de Trabajo tiene un programa del cual es responsable un magister en tratamiento de adicciones y una abogada, el Programa de Prevención de Adicciones en el Mundo del Trabajo. Consiste en hacer charlas de difusión con mandos medios de la gerencia de recursos humanos o con delegados de personal para brindarles información sobre la problemática. Si un delegado tiene un compañero de trabajo con alguno de estos problemas, si no recibe información para ayudarlo o cómo orientarlo para rehabilitarse, lo más probable es que el trabajador termine perdiendo su empleo. Nosotros usaremos la información de este registro para saber a dónde direccionar las charlas.

–¿Qué pasa si los empleados o el empleador se niegan a dar a la información o brindan una incorrecta adrede?

–No hay sanciones para el que no da esa información. Y no tenemos manera de chequear si los datos son verdaderos.

–¿Por qué no se incluyó otro tipo de problemática que también impacta en la salud comunitaria, como la violencia de género?

–Porque para esos casos tenemos acciones específicas desde la Dirección General de la Mujer y porque en general la violencia familiar repercute menos en el mundo del trabajo.