El tribunal además ordenó al ex presidente (1990-2000) pagar una indemnización equivalente a 8 millones de dólares en favor del Estado y 1 millón en favor de 28 dirigentes políticos o periodistas espiados por su régimen.

Apenas leída la sentencia, Fujimori anunció que pedía una apelación de la sentencia, mientras que el fiscal José Peláez hizo lo propio por que consideró que la pena era muy baja.

En dos juicios previos de corrupción recibió 6 años y 7 años de prisión pero como en Perú las penas no son acumulativas sino que se aplica la mayor, prevalecerán los 25 años que recibió por los dos casos de violación a los derechos humanos por los que fue condenado en abril pasado.

En el caso de DDHH hay una apelación en curso pero analistas consideran muy difícil que se revierta la sentencia original.

Con la condena de este miércoles se cierra la etapa de juicios para Fujimori, de 71 años y presidente entre 1990 y 2000, quien llegó a Perú en septiembre de 2007 extraditado desde Chile, convirtiéndose en el primer ex mandatario en su país en ser llevado ante los tribunales.

En los dos años de procesos, realizados en la misma sede policial en Lima donde Fujimori permanece detenido, el punto más alto fue el proceso de 16 meses por violación a los derechos humanos.

El ex mandatario fue declarado autor intelectual de la matanza del distrito limeño de Barrios Altos en 1991 donde murieron 15 personas, y de la matanza en la Universidad de La Cantuta en 1992, donde fueron asesinados 9 estudiantes y un profesor.

Igualmente, fue responsabilizado por los secuestros de un periodista y un empresario, retenidos en los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército.

Ese juicio de DDHH permitió conocer cómo funcionaba el clandestino escuadrón paramilitar conocido como el Grupo Colina, creado para combatir a simpatizantes de la guerrilla de Sendero Luminoso.

Los procesos de corrupción -que incluyeron el uso de un fiscal falso para un allanamiento y el pago irregular de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos- se saldaron con rapidez pues el acusado aceptó su culpa y se acogió a sentencias anticipadas.

Esto provocó la frustración de opositores del ex presidente, que consideran que al no haber juicio (sino solo sentencia) se impidió conocer las acciones irregulares del ex mandatario.

"La ausencia del proceso no permitió establecer cómo se usó el espionaje telefónico para chantajear empresarios y políticos", dijo este miércoles el ex congresista izquierdista Javier Díaz Canseco.

El ex presidente "ha admitido no solamente ser un ladrón, un corruptor de políticos que ha minado a los partidos políticos comprando congresistas, un virus que hoy continúa en el Congreso y que es más poderoso que la gripe porcina para la política nacional", agregó.

Si la derrota de Fujimori fue estrepitosa, sus adversarios creen que abriga aún cálculos políticos a través de su hija Keiko, la congresista más votada en la última elección parlamentaria en 2006 y candidata a la presidencial de 2011.

Para Carlos Raffo, el más caracterizado vocero fujimorista, "ahora le toca al fujimorismo iniciar la gran respuesta. Va ser política: a un juicio político, una respuesta política".

Eduardo Toche, sociólogo y analista político independiente, dijo a la AFP que "Fujimori tiene aún cálculo político" y sabe que si habla puede "complicar a mucha gente".

"Fujimori todavía considera que tiene capital político y podría administrar ese capital político, quizás no para ganar elecciones pero la bancada fujimorista (en el Congreso) tiene votos suficientes tanto para dar riendas a una decisión del ejecutivo como para trabarla".