El fiscal Barry ingresó pasadas las 13 al departamento ubicado sobre la calle Irigoyen 78 de la capital correntina e inició un procedimiento para buscar pistas que permitan echar luz a esta inesperada muerte que en un principio fue caratulada como "supuesto suicidio" por los investigadores.

El procedimiento que se realiza sobre el departamento 4 "B" del edificio "Siena A" es seguido de cerca por Matías González Moreno, hermano menor del empresario periodístico, a quien reiteradas ocasiones una guardia policial le había negado el ingreso a la finca.

En declaraciones a la prensa, el fiscal goyano indicó que "será determinante saber si existieron o no llamadas o mensajes de texto amenazantes" a la víctima y que "las primeras pericias arrojaron que no los hubo", aunque dejó en claro que las amenazas "pudieron ser vía mail".

Barry aclaró que se pedirá informes a las compañías telefónicas de las llamadas salientes y entrantes, así como de los números involucrados, para determinar si quedaron registrados "datos comprometedores" que sirvan para esclarecer el caso.

El fiscal de la causa explicó que por el momento, los cuatro dispositivos móviles están siendo analizados en conjunto por personal de la División de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes y de la Gendarmería Nacional, al tiempo que también se avanza con el estudio de los otros elementos hallados en el automóvil Toyota Camry en el que apareció el cuerpo del empresario en la estancia El Rincón, cercana a la ciudad de Goya.

Además, Barry dijo a la prensa local desconocer el hecho de que González Moreno esté vinculado a una causa por el manejo irregular de la publicidad oficial, como lo reveló el pasado sábado el fiscal general de la provincia, César Sotelo a una radio de Buenos Aires, y remarcó que "estamos trabajando con una libertad absoluta".

Hernán González Moreno era propietario de Agencia Corrientes, un medio periodístico vinculado al actual gobierno que también se encargaba de repartir la pauta oficial y que diez días atrás había sido allanado por el fiscal Gustavo Robineau, al tiempo que también fue la persona que denunció en julio pasado al gobernador electo Ricardo Colombi por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal tributaria.