Desde Corrientes

Sobre las calles correntinas, el nombre de Hernán González Moreno empieza a balbucearse como el del “niño millonario”, el “suicidado del poder”. Hace más de un año, un prestigioso periodista local, Guillermo González del Castillo, presentó ante la Justicia la denuncia que el martes pasado terminó con el allanamiento a la “Agencia Corrientes”, una empresa privada cuya razón social es “Negocios Corrientes S.A.” y que administraba la información pública del gobierno provincial y, según se dice, también las últimas dos campañas electorales. González Moreno era la cara visible de esa estructura, la punta de un iceberg helado. Ese mismo día llamó a su abogado, Mariano Cúneo Libarona, desesperado, para preguntarle si iban a detenerlo. La Justicia estaba a punto de indagarlo, pero él se mató antes. También intenta indagar a buena parte de la estructura del poder correntino, por esa misma causa: desde el secretario de la Función Pública, José Luis “Billy” Zampa, el hombre que salió a montar un melodrama alrededor del cuerpo, hasta el gobernador Arturo Colombi, pasando por ministros y secretarios de la gobernación. Los cargos de la fiscalía de Gustavo Roubineau son supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desviación de fondos y sobreprecios en la administración de la publicidad.

“La denuncia contra el gobierno de Arturo Colombi por el manejo espurio y discrecional de la pauta la presenté yo en agosto del año pasado”, dice González del Castillo a Página/12. “Si bien es cierto que el grueso del cuerpo judicial de la provincia está teñido de un barniz ‘ricardista’, creo que eso no exime a Arturo Colombi de su responsabilidad por los estropicios, digo, como para separar los tantos.”

La causa llevó al fiscal Roubin-eau a poner la lupa sobre la Agencia Corrientes, dedicada a difundir la información oficial de gobierno con una redacción de unas cuarenta personas. Hernán González Moreno, el joven que se suicidó el viernes a los 28 años, aparecía sólo como “apoderado”. La persona que siempre estuvo detrás es Rodolfo Martínez Llano, un ex diputado nacional, empresario poderoso, artífice según algunos hasta de la construcción del “rey Arturo” desde sus medios. Martínez Llano figura como garante del apoderado, la persona que pone su firma para contratos de locación. Los papeles que se encontraron en la Agencia son de empresas de Martínez Llano, entre ellas del diario El Libertador, Taller el Túnel, Editorial Formosa.

Para el fiscal, el problema es que la empresa trabaja como si fuera una agencia oficial, pero es una empresa privada. “Generó contratos con el gobierno y, para formalizar esa tarea, el gobierno crea la figura de ‘coberturas de los actos de gobierno’”, dice Roubineau. “Pero si hasta ese momento, el gobierno gastaba entre 1500 y 7500 pesos por una campaña de publicidad, tras la creación de Agencia Corrientes las coberturas empezaron a ser de 40 mil, 80 mil y hasta 90 mil pesos.”

Por ley, el gobierno de Corrientes puede destinar el uno por ciento del presupuesto a publicidad. En 2007, otra ley prohibió además desviar fondos de otras partidas a la publicidad, por “la emergencia económica”. Eso indica que las partidas no pueden superar los 18 millones al año. La Justicia acaba de determinar que en 2008 el gasto fue de 33 millones, y en lo que va de este año el gasto fue de 32 millones. La Agencia Corrientes recibió por lo menos 4 millones desde que empezó a funcionar hasta ahora, pero desde ahí se pagaron facturas de idénticas proporciones a los cuatro medios más cercanos al poder, siempre según la información de la causa. La Agencia Corrientes manejó las últimas dos campañas políticas de Arturo Colombi, según indicarían los materiales que se encontraron en el lugar. Recibía facturas del gobierno por 90 mil pesos, por ejemplo, “por la cobertura de un acto en Goya”. Pero el problema más importante para la fiscalía no sólo son los niveles de gastos publicitarios del gobierno, sino determinar con certeza a dónde iba el dinero.

Quince días antes del ballottage, en plena campaña, el juez Cocchia Breard dictó una medida cautelar para congelar los fondos. A partir de ese momento, el engranaje empezó a sufrir los primeros cortocircuitos. Hubo empresarios y periodistas que se acercaron a la fiscalía para pedir que destrabaran el dinero. En un caso, por ejemplo, la persona cobraba 400 mil pesos, con eso pagaba el espacio en un medio, teléfonos y al equipo periodístico; tenía que cobrar sí o sí porque su programa dependía exclusivamente de la publicidad oficial, ya que si el gobierno ponía publicidad no podían ponerla otros sectores políticos. Una de las hipótesis es que González Moreno empezó entonces a tener problemas de dinero.

Una semana después, el mismo juez adelantó un allanamiento que según el fiscal pensaban hacer tras las elecciones. Cúneo Libarona llegó cuando se ejecutaba la medida y le preguntó al fiscal si González Moreno iba a quedar detenido. Después, curiosamente, le preguntó si desde la fiscalía estaban siguiendo a la esposa. Roubineau dijo que no. En la oficina encontró los papeles que vinculan a Martínez Llano con la Agencia, los papeles en los que González Moreno aparece como “apoderado” y no como presidente. Ordenes de publicidad en blanco con el membrete del gobierno provincial. Los afiches de campaña y planillas con el listado de unas trescientas empresas periodísticas a las que supuestamente se les estaría girando publicidad. “Encontré una especie de estudio de grabación. Me llamó la atención porque estaban grabando el programa de dos periodistas de la oposición”, contó el fiscal. Vio unos listados: en una hilera, nombres de periodistas y en otra, una cruz o un signo con el que “catalogaban” la información. “Uno puede pensar que es como una especie de escena de inteligencia sobre la prensa, pero puede ser que a lo mejor si eso fuera una empresa privada, que haya personas que contraten esos servicios para saber qué dicen de ellos. Lo que llama la atención para mí –sigue el fiscal– es que esa agencia no trabajaba con otros clientes sino que el único cliente era la información pública.”

Desde el allanamiento hasta la madrugada del suicidio pasaron sólo dos días. El gobierno dice que González Moreno iba a ampliar la denuncia que a su vez había presentado contra Ricardo Colombi. En la causa, hay quienes creen que si hubo un disparador del suicidio no fue el allanamiento, sino la medida cautelar. Otros que, mientras se acercaban las elecciones, el empresario imaginaba un final oscuro, como el del ex secretario privado de Arturo Colombi que desde hace un mes está en la cárcel. En la calle, ahí, donde Corrientes se hace tierra de colores pastosos, la gente vuelve a revisar las historias del muerto. La fiscalía de Guillermo Barry confirmó que se trató de un suicidio, pero muchos sospechan algo más.