El fallo fue en respuesta a una medida interpuesta por Telecom Italia, que había sido avalada en primera instancia a no vender sus activos en el país, decisión que luego había sido apelada por el Gobierno nacional.

La Sala A de la Cámara, con las firmas de los jueces Edmundo Hendler y Nicanor Repetto, urgió además a la Corte para que exija al gobierno la integración del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, "que es quien debe aplicar y controla el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia". En tanto no se integre ese organismo, la facultad regulatoria en la materia pasa por la Secretaría de Comercio Interior,

La disputa por el control de la empresa comenzó en abril de 2007, cuando Telefónica de España acordó su ingreso en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, su principal competidor en el país.

La operación se concretó en octubre de ese año, pero las empresas intervinientes se negaron a notificar los cambios accionarios ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La autoridad regulatoria inició entonces una investigación de oficio y el pasado 27 de agosto emitió un dictamen que obliga a Telecom Italia a vender su filial argentina en el plazo de un año. Los italianos apelaron esa decisión ante la Justicia. Entonces, el Gobierno amenazó a la empresa con enviar al Congreso un proyecto de ley para quitarle la concesión si no avanzaba con la venta. Eso motivó todo tipo de especulaciones, incluso se barajó la posibilidad de que la firma vuelva a manos del Estado.

El fallo de la Cámara considera que "la imposición de una carga gravosa como la establecida a título de condición por el Secretario de Comercio Interior al ordenar desinvertir la totalidad de la participación accionaria en una empresa constituida en nuestro país tiene un claro sentido sancionatorio".

En ese sentido, los jueces afirmaron que ello "no puede disponerse por ninguna autoridad sin previamente escuchar y permitir el ejercicio del derecho de defensa por parte de quien resulta sancionado".

La Secretaría de Comercio Interior se había pronunciado en relación con "las transacciones celebradas en el año 2007 entre distintas entidades constituidas en el extranjero por medio de las cuales fue adquirido el paquete accionario de la que era dueña de una participación en el capital de Telecom Italia, sociedad esta última que tiene el control de la sociedad anónima constituida en nuestro país Telecom Argentina"

"Una de las adquirentes es la sociedad anónima Telefónica constituida en España, que controla a su vez a la constituida en argentina, Telefónica de Argentina", explica el fallo. De esa manera, se daba una situación de virtual monopolio en el sector de las telecomunicaciones.

En la decisión de "desinversión" adoptada por la secretaría a cargo de Moreno se denunciaba "el efecto restrictivo o distorsionador de la competencia por la concentración económica que se produciría al tener influencia decisiva en una de las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, la otra empresa del mismo ramo que junto con aquella detentan la mayor parte del mercado de este servicio en nuestro país".

"Las empresas extranjeras a las que se obliga a la desinversión no fueron escuchadas ni tampoco advertidas, de manera que pudieran expresar, ya fueran sus descargos o sus explicaciones o argumentos a lo que se encontraba en tratamiento", replicó el fallo, que no se pronuncia sobre la situación de monopolio sino sobre los procedimientos que llevaron a la resolución de la Secretaría de Comercio Interior.

En ese sentido, los magistrados que votaron por la mayoría -Juan Carlos Bonzón, el tercer integrante, había avalado la decisión de Moreno- pidieron a la Corte Suprema que curse una comunicación al Poder Ejecutivo exhortándolo a constituir el organismo que debe velar por la Defensa de la Competencia.

"Constituye un verdadero escándalo jurídico que la ley, dictada en septiembre de 1999, es decir hace más de diez años, se encuentre incumplida por una demora del Poder Ejecutivo en proceder a la designación que le fue encomendada expresamente", sostiene el fallo sobre la ausencia del Tribunal de Defensa de la Competencia.