El escándalo estalló a raíz de una denuncia de Sergio Burstein, dirigente de los familiares de las victimas del atentado a la AMIA, quien denunció en septiembre pasado la intervención de uno de sus celulares reservados. La decisión de procesar a Palacios y a James la tomó la Sala I de la cámara, que integran los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, que confirmó la tipificación de "asociación ilícita". Aunque descartó que la utilización de recursos de inteligencia para el accionar delictivo del grupo hubiera configurado una "defraudación a la administración pública", confirmó la competencia federal del caso.

La medida alcanzó también a cinco policías misioneros: Diego Guarda, Raúl Rojas, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Augusto Fernández, a quien se consideró integrantes de la asociación ilícita organizada por Palacios y James. La Cámara también confirmó el procesamiento de Mónica Elizabeth Gonzáles, secretaria del juzgado de instrucción número uno de Posadas, desde donde el juez dio las ordenes de escuchas "legales pero ilegítimas" a la SIDE.

En cambio, la Sala I revocó el procesamiento y embargo de bienes de otros tres funcionarios de la justicia misionera: Augusto Gregorio Busse, Fernando Javier Castelli y Lidia Kruchowsky.

"Fueron ocho autores, dos años de labor, nueve personas privadas de su intimidad, decenas de puntuales invasiones dentro de cada una de ellas -entre intervenciones y prórrogas-, incontables comunicaciones entre los implicados", describe el fallo. También establece "una sola conclusión": que James, Palacios, Gonzáles, Guarda, Quintana, Rojas, Amaral y Fernández "han sido todos ellos, autores del delito de asociación ilícita".

En la investigación salió a la luz una operatoria común que afectó también a los empresarios Carlos Avila, Rodrigo Blas Velazco, Daniela Rocca, Federico Carlos Infante, Jorge Navarro Catsex, Francisco Catsex, Susana Beatriz Saint Porres y a Néstor Daniel Leonardo, un cuñado mentalista del jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. En todos los casos, los teléfonos eran intervenidos por la oficina de observaciones judiciales de la SIDE con órdenes emitidas por dos juzgados de Posadas en base a pedidos policiales sobre supuestas investigaciones fraguadas a ese solo fin.

Según Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran "legales pero ilegítimas", ya que estaban "revestidas de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas".

El escándalo se extendió de inmediato a Policía Metropolitana, cuyo primer jefe, el ex comisario de la Federal, Jorge "Fino" Palacios debió ser removido por Macri mientras el affaire salpicaba al entonces ministro de educación porteño, Mariano Narowodski, quien había contratado a James para funciones que no pudo especificar. Narodowski renunció y la propia sala I de la Cámara Federal pareció ponerle un techo al caso al resolver, hace dos semana, apartarlo de la causa federal y remitirle ese tramo del expediente a la justicia correccional ordinaria.

Por voto de mayoría, los camaristas Ballestero y Freiler consideraron que las conductas desplegadas por funcionarios públicos locales "son ajenas al conocimiento de la Justicia federal". Farah votó en disidencia por considerar que "no puede descartarse" que la contratación de James haya sido "congeniada" para "encubrir" las "verdaderas tareas" que éste tenía asignadas, en razón de lo cual se pronunció por la continuidad del tramite en el juzgado de Oyarbide.