19:40 › CRIMEN SOBRE CRIMEN
Dos personas fueron detenidas hoy en Rosario acusadas de asesinar a Silvia Suppo, quien fue torturada y secuestrada durante la dictadura, en su negocio de Rafaela el lunes pasado. Era la testigo más importante en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el ex juez federal, Víctor Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión.
También habría otra persona demorada por supuesta vinculación con la causa, según informaron fuentes policiales.
Además, se confirmó que uno de los detenidos trabajaba como cuidacoches en la ciudad santafesina de Rafaela, donde en horas de la mañana del lunes pasado fue apuñalada la ex detenida-desaparecida, Silvia Suppo, por dos sujetos cuando estaba en su comercio "Siempre Cuero" y falleció momentos después en el Hospital "Jaime Ferré", luego de ser intervenida quirúrgicamente.
Suppo había sido una las testigos más importante en el primer juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en esta ciudad, contra el ex juez federal Víctor Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión.
También se supo que uno de los detenidos, de 19 años, tendría antecedentes por robo calificado y se investiga si fue el autor material del homicidio. El otro implicado, de 22 años, domiciliado en el barrio San Agustín de esta capital, habría actuado como cómplice.
Además, en otro procedimiento efectuado ayer en el domicilio del principal sospechoso por el homicidio se encontraron varios elementos robados del comercio de la víctima.
Por otra parte, la patrocinante de los hijos de la mujer asesinada y de la agrupación HIJOS, Lucila Puyol, descartó la versión de que "Suppo en los primeros momentos al pedir auxilio habría alcanzado a decir que fue víctima de un robo" y aseguró que "no hay que descartar nada, es doloroso de todas formas".
A su vez, los organismos de derechos humanos de Santa Fe criticaron el accionar del Gobierno provincial, asegurando que les informaron que "había que tomar precauciones especiales los días posteriores al acto del 24 de marzo pasado".
La integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, Milagros Demiryi, afirmó que "no aceptamos la hipótesis del robo como única alternativa; este fue un hecho planificado, tenemos suficientes razones para dudar y no vamos a permitir que se detenga a cualquiera y se los acuse; para nosotros este ha sido un crimen con móviles políticos".
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