El procesamiento fue impulsado por la Oficina Anticorrupción y se demoró casi tres años a raíz de complejos peritajes sobre los bienes patrimoniales de Pou y sus posibilidades de justificarlos.

Según la medida, reconocida públicamente por Pou mediante una carta de lectores a un matutino porteño, el ex titular del Banco Central no pudo justificar, pese a la profusa prueba que presentó, el incremento patrimonial que experimentó durante su gestión en la administración pública.

Pou había justificado su patrimonio en una transferencia de dinero que le había realizado su ex esposa tras la venta de una bodega familiar, pero el juez Oyarbide no le creyó y dictó su procesamiento.

El delito de enriquecimiento ilícito contempla una pena máxima de seis años pero es excarcelable por el mínimo de la condena, por lo que el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. Pou ya anunció que apelará la medida.