Mientras el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, advirtió que no dialogará mientras persista la huelga, que según fuentes gremiales le causa a Cuzco pérdidas diarias de 3,5 millones de dólares, La Convención continuaba hoy paralizada y ya había recibido la adhesión de la vecina provincia de Canchis.

Los habitantes de La Convención acusan al gobierno central de priorizar la venta de gas a México, perjudicando a la provincia, al departamento y al país, que deberían ser los principales beneficiarios de la exportación. El gobierno argumenta que hay gas suficiente para atender la demanda doméstica y exportar, por lo que afirma que la huelga está sostenida por sectores extremistas para sembrar caos en las semanas previas a las elecciones regionales y municipales del 3 de octubre.

El cese de actividades ha transcurrido en medio de episodios de violencia, que incluyen el secuestro de dos trabajadores de la empresa encargada de transportar el gas -a los que luego se liberó-, el incendio y saqueo de un campamento de la misma compañía y el cierre de rutas que perjudica especialmente a los agricultores. Hoy las protestas se extendieron a la ciudad de Cuzco, donde, en medio de la reunión multisectorial, cientos de personas desfilaron por las calles exigiendo que el gas sea para los peruanos.