Las autoridades judiciales explicaron que la discusión está en estado embrionario y que "no" hay un plazo previsto para que el Tribunal emita una decisión.

La Corte tiene a estudio la apelación del Estado contra un fallo de primera instancia de diciembre de 2009 del juez en lo Civil y Comercial Federal Edmundo Carbone, parcialmente confirmado luego por la Cámara de ese fuero, que frenó la aplicación de la denominada "cláusula de desinversión" de la ley.

El artículo 161 establece que en el plazo de un año a partir de la reglamentación, quienes excedan la cantidad de señales previstas en la legislación deberán adecuarse al nuevo encuadre jurídico, desprendiéndose de las que excedan el máximo permitido.

La Corte evalúa básicamente dos alternativas: o bien desestimar la presentación del Estado, porque no se trata de una "sentencia definitiva" y en consecuencia, no habilita la intervención del máximo tribunal o aceptar el planteo porque existe "gravedad institucional" y, entonces, antes de avanzar, deberían pedirle opinión a la Procuración General, previo a emitir un fallo.

Sin embargo, los jueces pusieron atención sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia, el 527/05, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, que prorrogó por diez años las licencias vigentes en 2005. El mismo rápidamente fue confirmado por la Cámara de Diputados, pero quedó demorado en la de Senadores.