En ambas comisiones, representantes de la oposición consiguieron ocho, una de ellas, la del legislador Samuel Cabanchik, en disidencia parcial, de las 15 firmas que precisaban para que la iniciativa acceda con respaldo a una sesión de la Cámara que se haría a partir de la semana venidera.

El proyecto avalado por los legisladores de la cámara alta es el mismo que sancionó la Cámara de Diputados tras un fuerte debate el 22 de abril último y amplia de 16 a 24 los integrantes de la comisión bicameral permanente de seguimiento de los DNU, y establece que la presidencia debe ser ejercida por un opositor.

La iniciativa fija un plazo máximo de 60 días para que el Congreso se pronuncie sobre cada decreto y condiciona su vigencia a que obtenga el respaldo explícito de las dos cámaras del Parlamento.

En los hechos, la propuesta significará que ningún DNU podrá tener vigencia más allá de los dos meses sin un respaldo claro del Congreso y además queda prohibida la promulgación tácita.

Previo a las firmas de los opositores, las comisiones de Asuntos Constitucionales, que lidera el oficialista santacruceño Nicolás Fernández, y de Legislación General, que maneja la disidente puntana Liliana Negre de Alonso, escucharon las exposición de los constitucionalistas Daniel Sabsay, Félix Loñ, Alcides Corti y Armando Canosa.

Sabsay respaldó el proyecto sancionado por Diputados y afirmó que el sistema actual de control del Congreso "es un colador", porque el Parlamento "no puede en los hechos controlar nada o lo hace de manera meramente virtual".

Por su parte, Loñ recordó que la convención constituyente de 1994 buscó limitar la concentración de poder y la democracia delegada, pero en la práctica acentuó esas características y consideró que la iniciativa que tuvo el aval del Diputados, consigue reducir el impacto de una presidencia fuerte.

Alcides Corti sostuvo que "el estado de derecho de la Constitución de 1853 no existe más", porque, tras la reforma de 1994 "el sistema jurídico tiene arriba la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos".

Armando Canosa criticó la ley vigente y también las modificaciones propuestas y señaló que "para aprobar o rechazar un DNU se tiene que hacer por ley".