Lorenzetti presentó el "Informe sobre la tramitación de juicios sobre delitos de lesa humanidad" en el Palacio de Tribunales y ante altos funcionarios del Poder Judicial, del gobierno y personalidades como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el juez español Baltasar Garzón.

"Estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad más importantes del mundo" y que tendrá "trascendencia histórica", destacó el presidente del máximo tribunal.

El informe detalla las causas juzgadas a partir de 2006, los juicios en trámite y los juicios con fecha de debate relacionados con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 en la Argentina. Lorenzetti remarcó la "cantidad importante de sentencias que se ha dictado" y advirtió que "quizás leyendo los escuetos datos del informe no se pueda tener la magnitud de la causa que está detrás".

"Cada uno de esos pequeños datos es una megacausa, detrás de cada expediente hay un centro clandestino de detención, hay sufrimiento", subrayó.

"El proceso social y cultural que se produjo en Argentina tuvo como reflejo este proceso institucional", señaló Lorenzetti. Precisó en ese sentido que los fallos de la Corte Suprema que dictaron la inconstitucionalidad de las leyes del perdón y de los indultos, como también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, "permitieron que cayeran todas las barreras para que se lleven a cabo las investigaciones".

El titular de la Corte Suprema subrayó el esfuerzo institucional que realizan los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para llevar adelante estos juicios, pese a las dificultades que implica la "falta de jueces, de infraestructura, de empleados y de esto y lo otro".

Lorenzetti agradeció asimismo la colaboración de las organizaciones de derechos humanos, del equipo de antropología forense y la ayuda recibida de "otros países y otros jueces como el juez Garzón", presente en la sala. Remarcó especialmente la asistencia brindada por los gobiernos de España, Italia, Alemania, Francia y Suecia, entre otras naciones.

"Nos une a todos los argentinos decir que no queremos nunca más que nuestros hijos y nuestros nietos tengan persecuciones del propio Estado que los debió proteger por ser diferentes en sus ideas", subrayó.

"La enseñanza más importante que podemos rescatar a esta altura de este proceso es que no hay marcha atrás, que forma parte de nuestros consensos básicos y que queda mucho por hacer, pero que hay que hacerlo respetando siempre los principios preliminares", concluyó Lorenzetti.