El magistrado requirió al Poder Ejecutivo nacional que informe en diez días acerca de si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación del servicio de Internet a todos los usuarios en las mismas condiciones y modalidades en que actualmente se presta a través de Fibertel.

Asimismo, solicitó a Cablevisión y a Fibertel que informen acerca de si se encuentra asegurada la prestación del servicio de Internet a todos los usuarios hasta tanto el Estado nacional provea la prestación de similar servicio con los nuevos proveedores.

Mediante la resolución 102/10 la Secretaría de Comunicaciones ya había establecido que "los prestadores de servicio de valor agregado y/o Internet que reciban a aquellos usuarios y clientes que decidan migrar los servicios que brindaba la ex licenciataria Fibertel Sociedad Anónima, no podrán percibir bajo ningún concepto derechos de conexión, de instalación, alquiler de módem, y/o cualquier otro cargo de acceso al servicio, independientemente de la denominación usualmente utilizada por cada prestador".