La medida judicial fue criticada por grupos ecologistas que respaldaron la norma de protección de glaciares y ambiente periglaciar al advertir que "el sector minero no admite la existencia de la Ley y todo indica que no pueden cumplirla, es decir, que están operando en áreas que deben ser protegidas".

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, afirmó las empresas van a "pelear hasta las últimas consecuencias" porque consideran que la Nación "no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta".

"San Juan tiene una ley de protección de glaciares, han sido evaluados los proyectos mineros y están todos los glaciares de San Juan relevados y en un mapa", remarcó el directivo minero. Además, añadió que los dirigentes de las empresas integrantes de la Cámara esperarán que la Corte Suprema defina sobre el pedido de inconstitucionalidad formulado en la presentación judicial.

"La Nación tiene tradición en avasallar a las provincias, esta puede ser una vez más, pero vamos a defendernos con lo argumentos que tenemos, que son sólidos", disparó el empresario.

Por su parte, el abogado del gremio de obreros mineros AOMA, Javier Cámpora, interpretó el fallo como "un reconocimiento a las autonomías provinciales" y dijo que "trabajadores y empresarios, dejando de lado sus diferencias, se han unido para trabajar por San Juan".

Cámpora reconoció que contaban con el respaldo del gobernador José Luis Gioja para el amparo al admitir: "El nos pidió esto, que no lo dejáramos solo, porque entiende que este no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos".

Por otro lado, el director de campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, rechazó el fallo judicial y sostuvo que "se trata de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial, ese es el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos".

Asimismo, acusó a las empresas mineras de haberse "auto incriminado, porque si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley".

"En el debate parlamentario quedó claro que la delimitación de las áreas glaciares y periglaciares quedará en manos de especialistas en la materia. Sin embargo, el sector minero no admite la existencia de la ley y todo indica que no pueden cumplirla, es decir, que están operando en áreas que deben ser protegidas", remarcó.

Los gobiernos de San Juan, Jujuy y La Rioja habían adelantado la posibilidad de que se presentaran reclamos contra la sanción de la ley de Glaciares 26.639, sancionada el 20 de septiembre y promulgada el jueves en el Boletín Oficial.

El senador kirchnerista Daniel Filmus, uno de los impulsores de la iniciativa, recordó entonces que "era necesaria una ley que proteja las reservas de agua para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones".