La unidad, que funcionará en el marco del Programa para la Aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación, también "registrará hechos ocurridos en lugares públicos, siempre que fuesen ejecutados por funcionarios públicos, por otras personas en ejercicio de funciones públicas o por particulares que actúen bajo su consentimiento o aquiescencia", añadió Martínez, que durante la presentación del espacio estuvo acompañada de Arnaldo Barone, defensor General de la Provincia de Chubut y Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Los defensores públicos oficiales y miembros del Ministerio Público de la Defensa deberán informar a la unidad aquellos hechos de tortura u otras formas de violencia institucional de los que tengan conocimiento, "resguardando la identidad de las víctimas y/o denunciantes", sostiene el informe de creación del centro.