"No subsiste la situación fáctica que ha motivado la adopción y mantenimiento de las presentes medidas a favor de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, de Lavalle, disponiendo, en consecuencia, el levantamiento de las mismas", dice un comunicado de la Cancillería que reproduce el texto de la resolución.

Las Medidas Provisionales fueron ordenadas por la Corte el 22 de noviembre de 2004, en atención a la situación que se vivía en los establecimientos penitenciarios de la provincia, particularmente la de Boulogne Sur Mer y en la Colonia Penal de Gustavo André de Lavalle.

A partir de esa resolución, el Estado nacional, a través de la Cancillería, la provincia de Mendoza, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordaron medidas para superar el estado de emergencia en que se encontraba el sistema penitenciario local y mejorar las condiciones edilicias del lugar.

Entre las mejoras se incluyó la construcción y puesta en servicio de un nuevo penal en la localidad de Cacheuta, la demolición de pabellones obsoletos en la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer, la modernización del servicio penitenciario local y la adopción de diversas medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad de conformidad con las normas internacionales en vigor.

Con estas mejoras ya realizadas, el Estado solicitó el levantamiento de las medidas al alto tribunal, quien acogió favorablemente la petición argentina. En su resolución, la Corte destacó que las medidas provisionales han tenido indudablemente un efecto positivo para superar la grave situación que ha caracterizado principalmente a la Penitenciaría Provincial de Mendoza desde el año 2004, "teniendo en cuenta los graves hechos de violencia al interior de los penales y la pérdida del control y seguridad por parte de las autoridades encargadas de la custodia de los internos".

En su resolución, la Corte enfatizó, asimismo, "la importancia de los acuerdos alcanzados por el Estado con los representantes de las víctimas y la Comisión, y el cumplimiento de la obligación de Argentina de informar periódicamente al Tribunal".