La polémica por la edad de imputabilidad de los menores se reactivó ayer, luego de que un chico de 15 años fuera detenido por un asesinato ene Tolosa y un juez ordenara su traslado a la Justicia de familia.

Garré no consideró necesario modificar la ley penal vigente y, al igual que ayer lo hiciera el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que "los jueces tienen las herramientas" para hacer frente a estos casos.

Remarcó que "los jueces tienen herramientas excepcionales, para que, en caso de peligrosidad, de privarlo (al menor) de libertad, sea en establecimientos adecuados, no en cárceles comunes" y sostuvo que "con la legislación vigente hay mecanismos adecuados".

La ministra, además, negó una polémica con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, quien reclamó la sanción de un régimen penal juvenil, al aseverar que "el gobierno nacional y el provincial lo que queremos es que se cumpla la ley", y aseguró que la presidenta Cristina Fernández "nos da instrucciones cotidianamente" en materia de seguridad.

Consultada sobre los índices de criminalidad, Garré señaló que hace 20 o 30 años "coincidentemente con las crisis sociales y la aparición de la droga como elemento importante en la criminalidad, hay aumento; es un aumento que por supuesto coloca a la Argentina muy debajo de otros países de la región, aunque eso no debe ser consuelo".

En tanto, Scioli se expresó nuevamente a favor del proyecto que crea el fuero de Responsabilidad Juvenil y que espera la aprobación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que llegó con media sanción unánime desde el Senado, promueve la demorada Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, un avanzado marco de tratamiento a la adolescencia denominada en conflicto con la ley penal. En Diputados se realizó una única modificación al proyecto votado por los senadores: la edad de aplicación no será hasta los 14 años sino entre 16 y 17, cuando hayan cometido delitos que en el Código Penal son sancionados con cuatro o más años. Es decir, no baja la edad de responsabilidad, pero da un marco de obligaciones del Estado, de gradualidad y mediaciones, con condenas como última alternativa, y en ese caso nunca superiores a los cinco años.

"La posición de nuestro gobierno es muy clara, pero no desde ahora sino hace más de dos años", indicó el mandatario, quien evaluó que la iniciativa parlamentaria "fue trabajada en su momento muy seriamente por distintos legisladores y se logró un consenso. Entiendo que la Cámara de Diputados cuando se puedan dar las condiciones a la brevedad debería darle sanción definitiva".

En declaraciones a la prensa, Scioli sostuvo que "de esta manera, habría un marco jurídico. Cuando el ministro (de Seguridad provincial Ricardo) Casal hizo referencia al vacío legal, hacía referencia puntualmente a este punto".