Mientras el crimen de Tolosa y la detención de un chico de 15 años como uno de los responsables desató un reclamo por la baja de la edad de responsabilidad de los 16 a los 14 años, de la Comisión de Legislación Penal de Diputados ya salió un proyecto con dictamen favorable para ser votado en el recinto. El proyecto, que llegó con media sanción unánime desde el Senado, promueve la demorada Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, un avanzado marco de tratamiento a la adolescencia denominada en conflicto con la ley penal. En Diputados se realizó una única modificación al proyecto votado por los senadores: la edad de aplicación no será hasta los 14 años sino entre 16 y 17, cuando hayan cometido delitos que en el Código Penal son sancionados con cuatro o más años. Es decir, no baja la edad de responsabilidad, pero da un marco de obligaciones del Estado, de gradualidad y mediaciones, con condenas como última alternativa, y en ese caso nunca superiores a los cinco años. Curiosamente, el debate recurrente se desató esta vez a partir de un caso, el de Tolosa, que está comprendido en la legislación y que fue tratado tal como la ley indica. Mientras Macri, De Narváez y el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, reclamaron por un presunto “vacío legal”, el gobierno nacional (el ministro del Interior Randazzo), jueces y especialistas rechazaron claramente la solución de “bajar la edad a los 14” y respondió que “los jueces tienen las herramientas necesarias”.

Mauricio Macri denunció en una comunicación radial una “enorme falla y ausencia en la legislación y en el rol del Estado. Lo que creo es que, lamentablemente, ha fallado la sociedad que no les permitió contenerlos en el momento que había que contenerlos, tratando de que terminaran el colegio como corresponde”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, obviando toda mención a las ausencias del Estado que representa. Durante la consulta, sorprendió al sostener que el proyecto “en Diputados tampoco sirve de mucho porque lo que propone es endurecer las penas para aquellos menores que cometan homicidio, pero nada dice sobre quienes usan armas de fuego contra una víctima que luego sobrevive”. Macri sostuvo que “el chico que no termina el colegio entra sistemáticamente en problemas” y afirmó que la solución “pasa por una labor del Estado que hasta ahora no se ha hecho y nosotros recién la comenzamos hacer en la ciudad como corresponde”.

Por su lado, el diputado de Unión Celeste y Blanco Francisco de Narváez reclamó al Gobierno que convoque “a sesiones extraordinarias” para tratar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que, según él, tiene media sanción del Senado pero fue congelado por “el kirchnerismo” en Diputados. Agregó que “en el Senado se presentó un proyecto de ley por el cual se baja la edad de imputabilidad a 14 años, que tiene media sanción, pero esta ley tiene algunas otras condiciones: sólo se puede detener a un menor, inclusive de 14 años, si comete un homicidio, pero no se lo puede detener si viola, o si secuestra, o si vende narcóticos”. Curiosamente se trata de delitos que tienen a los adolescentes como víctimas y no como victimarios.

“Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle, caminando como si no hubiera pasado nada –advirtió el ministro del Interior, Florencio Randazzo– lo importante es que hoy existen todas las herramientas legales para los jueces.”

En el mismo tono, el juez platense Luis Arias, del fuero Contencioso Administrativo, pero más preciso, sostuvo que “no hay vacío legal, hay incumplimiento de las leyes de protección y promoción del derecho del niño”. Minutos antes, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, en coincidencia con De Narváez y Macri, sostuvo la idea del “vacío legal” y reclamó al Congreso un “marco nacional que regule” la situación de los adolescentes involucrados en delitos y recordó que “cuando el gobernador Scioli lo pidió, lo masacraron con críticas, lo acusaron de pertenecer a la derecha política y promover la mano dura”.

Claro que la propuesta de Scioli-Casal fue rechazada en su momento por todo el arco político porque criminalizaba a la pobreza.

El juez Arias cuestionó la declaración de Casal. Y sostuvo: “Me gustaría saber más si los vecinos cercanos a Tolosa, que están hablando de realizar una marcha, si esa marcha es para manifestarse en contra de los que les suministran armas, drogas; este menor, que participó en este hecho lamentable, tenía una pistola 9 milímetros que corresponde a las fuerzas de seguridad, cómo llegó ese arma al menor, nadie se pregunta esto”.

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, dijo a través de Twitter que “con respecto a Ley Penal Juvenil hay que ser prudente y prevenir, porque la fácil es condenar sin ver lo que está pasando”.

“¿Se sabe de cuántos homicidios cometidos por menores de 16 años se está hablando?”, preguntó Claudia Cesaroni, magister en Criminología e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Cepoc. La ausencia de estadísticas no hace sencillo el cálculo, pero citando al experto Nils Kasberg, director regional de Unicef para América latina y el Caribe entrevistado en 2009 por Página/12, “es una medida demagógica bajar la edad porque se discute una ley por 15 homicidios dolosos por año cometidos por menores de 15”.

“La semana pasada, cuatro pibitos que vivían pidiendo limosna en Misiones murieron ahogados. Nadie dijo nada ni los mencionaron –recordó Cesaroni–. Si se hubieran salvado y ahora le pusieran un arma a alguien en la cabeza, el Estado recién entonces se acordaría de ellos.”

El proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil fue presentado con la firma del radical Gerardo Morales. El Senado lo aprobó por unanimidad en una sesión de extraña formulación: fue votado el último día antes de las vacaciones invernales y con las noticias sobre la gripe A ocupando todos los titulares. Al ingresar a Diputados, pasó por las comisiones de Familia, Presupuesto y Legislación Penal. Y salió con el dictamen por mayoría. En síntesis, lo que promueve el proyecto es que la responsabilidad juvenil abarca entre los 16 y los 17 años, según indica en su primer artículo. Pero que se aplicará sólo en los casos cuyas penas superen los 4 años de pena privativa de libertad. La ley claramente se dispone a fortalecer en los sujetos de aplicación el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y a que asuman funciones constructivas en la sociedad. Para ello ordena resoluciones graduales, y como última instancia la privación de la libertad en centros especializados con penas máximas de hasta cinco años.