La jueza habilitó la apelación a la defensa de los hermanos pero rechazó un recurso similar presentado por los abogados de Ernestina Herrera de Noble, al recordar que la empresaria está "imputada" en la causa y por lo tanto no le corresponde presentar este tipo de recursos ya que no sufre ningún agravio con la medida.

A los hijos adoptivos se los considera víctimas en la causa, ya que de comprobarse el delito habrían sufrido la supresión de su identidad biológica por lo cual se los habilitó a recurrir a la instancia superior para intentar frenar la medida ordenada por Arroyo Salgado en diciembre pasado, y que no pudo cumplimentarse por la oposición de ambos y la apelación presentada.

Como ya ocurrió con planteos anteriores, se descuenta que el tema llegará a la Cámara Nacional de Casación Penal y posiblemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión está ahora en manos de la sala II de la Cámara Federal de San Martín integrada por los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, quienes en junio pasado confirmaron a Arroyo Salgado al frente del caso al rechazar un planteo de recusación por parte del abogado de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez federal Gabriel Cavallo.

Tras un largo peritaje de muestras de sangre, saliva y objetos personales de los hermanos, tomadas en diciembre del 2009 por el anterior juez del caso, Conrado Bergesio, en diciembre pasado la magistrada descartó su utilización para compararlas con las muestras de familiares que buscan bebés robados durante la dictadura cívico-militar almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand.

Hizo lugar así a un planteo de la querellante Abuelas de Plaza de Mayo que había solicitado la toma compulsiva en base a la nueva legislación que la habilita para que el estudio tenga carácter de "indubitable".

Felipe y Marcela Noble Herrera debían presentarse el 23 de diciembre pasado para entregar las muestras en el Durand, pero una apelación de su defensa logró suspender el trámite, ahora puesto bajo revisión de la Cámara de San Martín.

En una extensa resolución, Arroyo Salgado había ordenado "obtener muestras de sangre, saliva o cabellos de ambos, con su consentimiento o no, para realizar el examen de patrón genético" en base al artículo 218 bis de la legislación que los considera "admisibles" extraídos de forma "mínima" y "cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida".

Al ordenar esta medida, la jueza advirtió que "de comprobarse la hipótesis delictual, ésta se habría extendido por más de treinta años" y recordó que "en forma reiterada Marcela y Felipe han señalado su deseo de terminar con la incertidumbre que pesa sobre su origen e identidad".

"La realización del estudio pericial con todas las garantías legales y asegurándoles la posibilidad de un adecuado control -para lo cual se requiere ahora la obtención directa del material biológico indubitado- no sólo garantizará el derecho de las otras víctimas sino que también les dará a los nombrados la seguridad, tranquilidad y certidumbre que, conforme han manifestado en diversas oportunidades, anhelan", concluyó en su resolución de diciembre último.

Sin embargo los Noble Herrera se oponen a que la comparación de su ADN se haga de manera general con las muestras de todas las familias, como ya resolvió la Justicia al ampliar el objeto procesal de la causa donde la dueña del Grupo Clarín está imputada como sospechosa.

Felipe y Marcela aceptaron que las muestras fuesen cotejadas sólo con las dos familias querellantes en la causa y por eso habían asumido entregar sangre y saliva al anterior juez del caso, Bergesio.