“El requerimiento de la ley de Arizona para que los agentes de la policía y las agencias públicas determinen el estatus migratorio de cada una de las personas que es arrestada es una carga para los extranjeros que son legales, porque verán su libertad restringida mientras se comprueba su situación”, había afirmado Bolton en su fallo. La magistrada había bloqueado también el apartado que convertía en delito que un inmigrante sin la documentación necesaria fuera contratado o buscara trabajo. Asimismo se suspendió el permiso de arrestar a alguien sin orden judicial previa, por considerar que esa persona cometió un delito que le podría suponer la deportación.

La normativa, la más dura contra los inmigrantes en Estados Unidos, también provocó una condundente protesta internacional, especialmente de países latinoamericanos y, dentro del propio Estados Unidos, algunos estados lanzaron un boicot contra Arizona. La gobernadora y principal impulsora de la ley, Jan Brewer, anunció de inmediato su decisión de apelar la decisión de la jueza, que sin embargo ha sido ahora confirmada por el tribunal de apelación.

Aun así, éste no supone el fin de la controvertida norma. Según el diario local "Arizona Central", el senador local republicano Russell Pearce, coautor de la polémica normativa, anunció su intención de llegar hasta la Corte Suprema con este caso de ser necesiario. "Sabemos que la ley va a sobrevivir (...) ganaremos en la Corte Suprema", proclamó tras escuchar la decisión de la corte de San Francisco.

La llamada Ley Arizona constituyó el año pasado una prueba contundente de la polarización que existe en Estados Unidos en materia de inmigración. Aunque la ley fue criticada tanto dentro como fuera del país, provocó que numerosos estados comenzaran a estudiar iniciativas legales similares contra los inmigrantes indocumentados. E incluso supuso un duro golpe de popularidad dentro de Arizona para la gobernadora Brewer, quien pese a que meses antes tenía cuotas bajísimas de popularidad logró imponerse a sus rivales en las elecciones del pasado noviembre.

El apoyo popular a las iniciativas de mano dura contra la inmigración ilegal en cierto modo refrenó también las posibilidades de que avanzara a nivel nacional la estancada reforma migratoria, una de las promesas de campaña de Obama que, sin embargo, el mandatario todavía está lejos de poder cumplir.