En la comisión de Finanzas, que preside Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), el dictamen de mayoría fue firmado por once diputados oficialistas contra nueve opositores que suscribieron un dictamen alternativo. En tanto, en la comisión de Legislación Penal, que conduce Juan Carlos Vega (CC), se impuso también la posición del Frente para la Victoria pero no se había confirmado con qué número.

La oposición fijó su posición firmando un dictamen que unificó proyectos de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Horacio Piemonte (CC) y Federico Pinedo (PRO). El dictamen del oficialismo se funda en el proyecto que el año pasado envió el Poder Ejecutivo a la Cámara para modificar la tipificación del delito de lavado de activos.

La iniciativa apunta a la actualización de las condiciones objetivas de punibilidad elevando a 200 mil pesos el límite para evitar que ilícitos de menor cuantía queden exentos de la normal penal. Por otra parte, entre otros cambios propuestos por la ley, se faculta a la AFIP a revelar el secreto fiscal únicamente en los supuestos enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246 y, en los casos restantes, deberá recurrir a la justicia federal para requerir el levantamiento del secreto fiscal.

También se incluye la facultad de la UIF par actuar como querellante en la investigación de los delitos consignados en la ley. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, que es más dura, y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero mayores facultades para actuar contra personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo.