La Justicia busca determinar si el ex líder socialista se suicidó o murió asesinado aquel 11 de septiembre. La orden se concreta a pocos días de que la hija del ex presidente, la senadora Isabel Allende, le pidiera personalmente al juez Carroza avanzar en una nueva autopsia.

La versión oficial de la muerte de Allende señala que el entonces jefe de Estado se quitó la vida con un disparo en la cabeza cuando el Palacio de Gobierno era bombardeado por los aviones Hacker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, como parte del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet.

La abogada de la familia, Pamela Pereira, aseguró que la exhumación del cuerpo del mandatario en el Cementerio General será "la prueba determinante para esclarecer absolutamente las causas de la muerte" del ex líder de la Unidad Popular.

El peritaje realizado el mismo día de la muerte fue realizado por el forense José Velásquez, quien aún se desempeña en el organismo, y sus conclusiones fueron reafirmadas por los dichos del médico personal de Allende, Patricio Gijón.

La familia y sus representantes legales desconfían de la veracidad de los resultados de la primera autopsia que se le practicó al cuerpo de Allende en el Hospital Militar y que estableció el suicidio como causa del deceso. "No puedo tener confianza de una autopsia que fue realizada en condiciones impropias de un proceso científico, y eso está claro en el expediente", dijo Pereira.

Según explicó la abogada, en la época que ocurrieron los hechos la autopsia del presidente Allende se realizó en el Hospital Militar con la presencia de agentes castrenses, en un recinto que no tenía instrumentos ni capacidades para realizar una autopsia.

"No podemos tener certeza ni por las condiciones en que se realizó ni por el contexto de violencia extrema de la época", enfatizó la letrada tras conocer la medida judicial. En enero, la fiscal Beatriz Pedrals presentó 726 querellas por casos de víctimas de la violación de derechos humanos cometidas durante la dictadura pinochetista, entre las que estaba el ex presidente.

Se estima que en Chile unas 3 mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar y poco más de 200 militares fueron condenados en los últimos 15 años, aunque apenas una veintena cumple penas efectivas.