Después de casi un año de investigación, Corazza se declaró incompetente porque entendió que "las presuntas amenazas, presiones y diversas reuniones y asambleas que culminaron con el traspado accionario de la empresa sucedieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En su resolución el juez agregó que "de acuerdo a lo dictaminado por los fiscales, estimo pertinente que sea el juez del lugar donde habrían ocurrido los hechos quien investigue, para cumplir con las exigencias de economía procesal, celeridad e inmediatez que debe tener cualquier investigación".

El 29 de abril pasado, la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en todos los casos de terrorismo de Estado, calificó como "un crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de Papel Prensa entre 1976 y 1977". Los fiscales Molina y Schapiro destacaron que "las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos". Las transferencias de acciones, explicaron los magistados, "fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado nacional con la presunta colusión (pacto entre dos personas u organizaciones para perjudicar a un tercero) de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón".

El cuerpo principal del expediente que se tramita en La Plata cuenta con unas 1800 fojas, nueve cuerpos, veinte anexos y cinco efectos (libros y CD´s), que totalizan sesenta cuerpos más (12 mil fojas). En el dictamen, los fiscales destacaron que el contexto de la dictadura "resultó propicio para la comisión de delitos de índole económico con la intervención de civiles", hechos que iban "desde la apropiación de bienes de desaparecidos hasta grandes operaciones que significaron una enorme modificación regresiva de la estructura social argentina".

"La presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A. -agregaron-, de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado `Grupo Graiver` a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la directa intervención de la Junta Militar y la participación de los civiles denunciados. (...) Todo en un marco de persecución contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos, lo que constituye un delito de lesa humanidad", según entendieron los fiscales.

Esto, según Schapiro y Molina, "permite inferir que para la época de la transferencia presuntamente compulsiva de las acciones, ya habrían existido actos persecutorios contra el Grupo, fundados en motivos políticos, además de los económicos y raciales, que tenían por finalidad lograr su desaparición de la escena nacional".

En su dictamen resaltaron que en este caso "la persecución se materializó, en los secuestros y torturas sufridos por los integrantes del Grupo y el homicidio de Jorge Rubinstein, así como también por su sometimiento al inconstitucional Consejo de Guerra Especial Estable N 2", en el que fueron condenados por "ayuda económica para finalidades ideológicas ilícitas".