Horas antes de la concentración convocada frente al Palacio de Tribunales, al cumplirse el décimo aniversario del inicio de la causa para determinar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos o no, Carlotto advirtió que "necesitamos el apoyo de todos" para concientizar y conmover a los hombres de la Justicia". Ya por la tarde agregó que la instancia para que se realice la extracción compulsiva "no es una bravuconada, es simplemente hacer cumplir la ley de compulsividad". Y subrayó "los queremos y queremos conocer, ¡cuánto los esperamos!".

La convocatoria contó con la adhesión del Archivo Nacional de la Memoria, Madres línea Fundadora y Familiares de ex detenidos Desaparecidos. En diálogo con Canal 7, Carlotto insistió en que "queremos saber si los jóvenes son los nietos que buscamos", y fustigó a los abogados de la dueña del Grupo Clarín por "entorpecer las decisiones de la Justicia con permanentes recursos que impiden que se conozca la verdad. (...) ¿Qué hay detrás de todo esto que es imposible llegar a la verdad?", interrogó la titular de Abuelas al acusar a "grupos mafiosos que entregaron a nuestros nietos mediante un complot entre distintos grupos económicos y sectores de la iglesia".

La semana próxima será clave para obtener muestras de sangre y saliva que permitan realizar los análisis necesarios e intentar establecer si son hijos de desaparecidos de la última dictadura militar. La Cámara Nacional de Casación Penal convocó a una audiencia para el jueves 26 con miras a escuchar a las partes antes de resolver si confirma la decisión de obtener las muestras con o sin el consentimiento de Felipe y Marcela, tal como lo resolvió en diciembre pasado la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y ratificó la Cámara Federal de San Martín.

Se descuenta que el fallo será apelado hasta las últimas instancias por los defensores de los hermanos, que intentarán llegar a la Corte Suprema de Justicia para evitar que se ejecute la decisión judicial. Los Noble Herrera se opusieron desde siempre a ese examen y sólo aceptaron comparar las muestras con dos familias querellantes en la causa y en la órbita del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia, pretensión rechazada por los distintos jueces que fueron interviniendo en el caso a lo largo de los últimos diez años.

Casación ya falló en una ocasión a favor de la realización de los estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con las muestras que ya se habían tomado y estaban almacenadas en el juzgado del anterior magistrado del caso, Conrado Bergesio, pero una pericia determinó que se había violado la cadena de conservación. Arroyo Salgado, entonces, resolvió que no eran confiables y ordenó las nuevas tomas de sangre o saliva que los jóvenes se rehúsan a entregar de manera voluntaria.