Mar 12.07.2011

20:17  › LIBERTAD DE EXPRESIóN O DERECHO AL LUCRO

El debate por el rubro 59

Tras el recurso de amparo presentado por el diario Río Negro contra el decreto presidencial que prohíbe los avisos de oferta sexual por considerarlo "inconstitucional", la organización social Casa del Encuentro, que lucha contra la trata y la violencia contra las mujeres, aseguró que la medida judicial "no corresponde dado que el decreto está basado en artículos de la Ley de Medios y la Ley contra la Violencia". Y advirtió: "el 70 por ciento de los avisos publicados de oferta sexual son realizados por tratantes y proxenetas"

La cofundadora de la organización Fabiana Tuñez explicó que las dos legislaciones indican que "se sancionará cualquier tipo de manifestación que reproduzca estereotipos de violencia, abuso y discrminación hacia las mujeres".

En este sentido, precisó que el decreto presidencial "tiene que ver con el combate contra la trata, y está enmarcado en convenios y protocolos internacionales firmados por nuestro país donde se autoriza a los Estados a sancionar normas, leyes o cualquier otro instrumento que aporte a la lucha contra la violencia y la trata."

Tuñez resaltó que hace un año y medio diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron una denuncia sobre presunción de trata con 600 direcciones y teléfonos que fueron recopiladas de ese tipo de avisos y aseguró que "el 70 por ciento de los avisos publicados de oferta sexual son realizados por tratantes y proxenetas".

La especialista destacó: "La medida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un viejo reclamo de todo el movimiento de mujeres y de las diferentes organizaciones que trabajamos la temática de trata y está basado en un conocimiento profundo sobre esta realidad".

El recurso fue interpuesto por el director del matutino patagónico, Julio Rajneri, ante el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Nacional de la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio de los abogados Hugo Wortman Jofré, María Isola y María José Cuenca.

La presentación, que se dio a conocer en la edición de hoy del diario, sostiene que el decreto "abusa del poder de policía e introduce prohibiciones mediante una norma no adecuada para ello, ya que se trata de un decreto reglamentario de dos leyes que no prevén la prohibición en cuestión".

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