El diario Río Negro inició una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo nacional por considerar que el decreto 936, que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual, es “inconstitucional”, “lesivo de la libertad de expresión” y “discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita”. La acción judicial pide la suspensión de la norma y, hasta entonces, la empresa periodística tomó la decisión de continuar con la publicación de los avisos clasificados de su rubro 66. Desde una organización defensora de los derechos de las mujeres, en cambio, opinaron que “los avisos que promueven la oferta sexual son una fuente de lucro (para los diarios), y al promoverlos se naturaliza la explotación sexual y el comercio de seres humanos”.

La acción judicial fue presentada el viernes pasado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nacional, dos días después de la firma del decreto que prohíbe “todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades” vinculadas al comercio sexual.

El diario patagónico calificó a la norma como “inconstitucional”, porque establece “una restricción de tinte discriminatorio” contra la libertad de imprenta, a la libertad de expresión y de publicar la oferta de comercio lícito. La demanda señala que en el país “no se prohíbe cobrar por sexo, si la decisión de quien ofrece el servicio es libre y consentida. Por lo tanto, la publicidad de esos servicios es perfectamente lícita”. Frente a esos argumentos, Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), aseguró a Página/12 que la norma “no restringe la libertad de prensa, que fue establecida para proteger la libertad de opinión y la expresión de ideas y no la promocón del proxenetismo”.

Desde el medio gráfico, que se distribuye en las provincias de Río Negro y Neuquén, explicaron que la empresa pone en práctica “medidas de autorregulación” en los clasificados para evitar publicar avisos que encubran conductas de proxenetismo o trata de personas. “Tienen que ser personas físicas, presentar documento de identidad y acreditar que es titular del teléfono que se incluye en el aviso. No se aceptan los que aludan a organizaciones, como cabarets o cualquier otro que haga suponer que ofrecen servicios sexuales de terceros”, precisó Alicia Miller, prosecretaria de redacción del diario, ante una consulta de Página/12.

Agregó que tampoco se aceptan anuncios en “Empleos. Pedidos” que aludan a la oferta sexual, como pedido de “señoritas para whiskerías”, y se trata de que no aludan a la violencia, el sometimiento de la mujer o a conductas sexuales con niños, por ejemplo, frases como “soy tu bebota”.

Al respecto, Chiarotti subrayó que, pese a los mecanismos de regulación que puedan llevar adelante los diarios, al promover la oferta sexual se “naturaliza el comercio de seres humanos, donde todo se compra y vende, además del alquiler del cuerpo del otro y la explotación sexual”.

“Las líneas editoriales suelen ser hipócritas: hablan de delito de trata y proxenetismo en las páginas de adelante, pero en los avisos clasificados abren posibilidades para el trabajo engañoso y promueven la imagen de la mujer como objeto sexual, y esto es violencia simbólica”, señaló Chiarotti, integrante del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), que monitorea la aplicación de la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La empresa sostiene que la prohibición afecta sus ingresos, “sin los cuales la difusión de ideas se convertiría en un objetivo de cumplimiento ilusorio”. Sobre este punto, la especialista afirmó que “detrás hay un negocio de mucho dinero, que no puede sobrevivir sin la complicidad o el silencio de las fuerzas de seguridad”.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.