El proceso judicial que comenzó el 17 de noviembre de 2010 es el segundo juicio que se realiza en Mendoza por delitos de la dictadura, luego del que tuvo lugar en San Rafael el año pasado. Había comenzado con doce imputados, pero en el transcurso del proceso fallecieron los represores Juan Pablo Saá, Orlando Dopazo y Eberto Edgardo Villegas, y se separó por razones de salud a Tamer Yapur y Armando Fernández Miranda.

Entre las víctimas se encontraba la pareja de Urondo -asesinado el 17 de junio de 1976 por la patota militar del centro clandestino D2-, la periodista Ana Raboy, quien aún se encuentra desaparecida.

Además de estos dos casos, el Tribunal número 1 los condenó por las causas de desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres. Este fue el segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, luego del sucedido en San Rafael el año pasado, que también finalizó con varias cadenas perpetuas contra ex policías y militares.

Pablo Salinas, querellante del grupo Ecuménico por los Derechos Humanos, se mostró "muy conforme" con el fallo "porque se aplicó condenas a delitos contra la humanidad y genocidio, lo que considera que nuestros compañeros fueron víctimas de una matanza de personas que se constituyó en la destrucción de un grupo humano".

Antes del mediodía y con poco más de media hora de retraso, el presidente del Tribunal anunció las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los cuatro procesados por considerarlos culpables de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada; violencia y amenazas; aplicación de tormentos; homicidio calificado por alevosía; y asociación ilícita.

Alfredo Guevara, también querellante en varias de las causas, opinó que en Mendoza y en la Argentina "se empieza a transitar un camino donde las cosas van quedando en su lugar y donde aquellos que cometieron los peores crímenes hoy están donde tienen que estar: condenados por la justicia y no como grandes señores y reivindicados por el poder como todos esos años de impunidad".

Para María de Domínguez, la representante de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, el juicio "sirve para que la gente sepa que son asesinos". "Hoy los condenados están viejos, lloran y se enferman. Pero que la gente sepa que son unos asesinos y que el hecho de haber creado la desaparición forzosa de personas, sin saber donde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante", se lamentó la mujer quien sufrió la desaparición de un hijo y una nuera embarazada.