A principios de este mes, el gobierno pidió a todos aquellos ciudadanos "que hayan portado, vendido, entregado, transportado o financiado la compra de armas, y que no hayan cometido crímenes, que se entreguen con sus armas en la comisaría de policía más próxima entre el 5 y el 12 de noviembre", informó la televisión estatal. "Quienes se entreguen seguirán en libertad y recibirán una amnistía".

La negativa de los opositores se apoya en la decisión de la Liga Árabe de suspender a Siria como miembro de la organización y la determinación de la Unión Europea de aumentar las sanciones contra personalidades gubernamentales -entre ellas Al Asaad y su hermano Maher- con el fin de suprimir la represión de las protestas populares.

Por otra parte, la oposición denunció que tras nuevos enfrentamientos entre desertores y soldados en las provincias de Deraa e Idlib, desde el domingo murieron más de cien personas, entre civiles y soldados. Las fuerzas de seguridad sirias bombardearon esta mañana el barrio de Baba Amr en Homs, con al menos 50 proyectiles de gran calibre. Allí se encontraron también 19 cadáveres, al parecer ciudadanos secuestrados en los últimos días por las milicias Shabiha del régimen.

El Comité de Coordinación Local aseguró que 50 civiles perdieron la vida en lunes en el país, 28 de ellos en las provincias de Daraa y 13 en Homs. Es difícil contrastar las cifras de víctimas en Siria, puesto que los medios internacionales no pueden entrar en el país. En un enfrentamiento entre miembros de las fuerzas de seguridad y desertores en Khirbet Ghazale murieron al menos 34 soldados y 12 desertores.

La agencia de noticias estatal Sana informó también del combate, pero con una versión distinta, alegando que dos soldados fueron asesinados por "bandas terroristas armadas". La agencia habló de 15 detenidos y muertos. Desde el inicio de las protestas prodemocráticas a mediados de marzo, más de 3.500 personas perdieron la vida en el país, según la ONU.