El asesinato del prelado, perpetrado el 4 de agosto de 1976, había sido atribuido en un principio a un accidente automovilístico, pero el juez Piedrabuena consideró que el crimen fue un delito de "lesa humanidad" y dio por "probado" que fue en represalia por denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

"Esta resolución judicial no la vivimos con ánimo de revancha, sino como un signo de esperanza, que no es lamento, sino fortaleza en el compromiso por la verdad y la justicia", aseguró el Obispado riojano en un comunicado con la firma del actual obispo Roberto Rodríguez.

"La opción pastoral de monseñor Angelelli, como pastor de la Iglesia que está en La Rioja, inspirada siempre en el Evangelio y el Concilio Vaticano II, no fue comprendida por quienes encuadrados en la Doctrina de la Seguridad Nacional alentaron la intolerancia, el hostigamiento, las calumnias y la persecución", denuncia el documento de la curia.

Y continúa: "A 35 años de aquel luctuoso hecho, producto de las fuerzas del mal, exhortamos al compromiso de una auténtica democracia, y mucho más, de afirmar los grandes valores de la persona, la familia y la sociedad, de vivir las virtudes morales de justicia y solidaridad".

El 4 de agosto de 1976, el entonces obispo de La Rioja conducía su auto desde la localidad de Chamical hacia la capital provincial luego de denunciar que dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, habían sido secuestrados, torturados y asesinados unos días antes.

A la altura de Punta de los Llanos, sobre la ruta 38, el vehículo volcó en un accidente que fue provocado con intencionalidad de matar al prelado. El sacerdote Arturo Pinto, quien acompañaba a Angelelli en el viaje y ahora impulsó la investigación desde su papel de querellante, relató que el vehículo fue cruzado por otro automóvil hasta que lograron hacerlo volcar.

Angelelli sobrevivió al vuelco y su cuerpo quedó tendido en el pavimento, donde poco después murió. Algunas versiones sostienen que fue rematado en esa agonía.

La causa se cerró en 1987 por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero con la reapertura de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en 2004 el juez Herrera Piedrabuena analizó pruebas, escuchó testimonios y recibió planteos de querellantes para citar a indagatorias a 14 imputados, encabezados por el dictador Videla.