El dictador Jorge Rafael Videla, su ex ministro Albano Harguindeguy y el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio del ex obispo riojano Enrique Angelelli en 1976. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, consideró probado que el siniestro que le costó la vida a Angelelli fue un “accidente automovilístico provocado”, en respuesta a las denuncias por los asesinatos de religiosos en la localidad de Chamical. El religioso tenía en su poder al momento del asesinato documentación sobre crímenes de la dictadura que terminó en el despacho de Harguindeguy, entonces ministro del Interior, quien a diferencia de Videla y Menéndez todavía no fue condenado en ninguna causa.

La decisión del juez federal de La Rioja incluyó además al ex segundo jefe del escuadrón de tropas en Chamical, Luis Estrella, y al ex comisario y por entonces jefe del Servicio de Informaciones de la policía riojana, Juan Carlos “la Bruja” Romero. Por los cargos jerárquicos que ocupaban en la estructura represiva ilegal, los cinco procesados fueron considerados autores mediatos de homicidio calificado y asociación ilícita agravada.

El magistrado consideró probado que la dictadura hizo inteligencia sobre sacerdotes que trabajaban con sectores pobres y con campesinos que luchaban por sus tierras y que el crimen de Angelelli se enmarcó “en un intento por evitar que las denuncias por violaciones a los derechos humanos y asesinatos tomaran estado público, sobre todo en el exterior, ya que el religioso cordobés tenía llegada a altas jerarquías de la Iglesia en distintos lugares del mundo”.

“Previo a la muerte de monseñor Enrique Angelelli existía un cuadro de persecución a ciertos sectores de la Iglesia Católica, que se exteriorizaban desde años anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, lo que es corroborado por distintos testimonios y, como se señalara anteriormente, concluyeron en los homicidios de Longueville, Murias, Pedernera y de monseñor Angelelli”, advirtió el juez en una extensa resolución de 120 carillas, dictada a 35 años de los hechos. Los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias habían sido asesinados en Chamical el 18 de julio de 1976 junto con el laico Wenceslao Pedernera. Angelelli intentaba desentrañar los crímenes y llevaba “una carpeta con información que había recopilado”, escribió el juez, y agregó que el obispo “temía por su vida” porque “era perseguido por la policía provincial”.

El accidente provocado en el que murió Angelelli ocurrió el 4 de agosto de 1976. El vehículo, una camioneta Fiat 125 que manejaba el propio obispo, fue siniestrado cerca de la localidad de Punta de los Llanos. Su acompañante, el ex sacerdote Arturo Pinto, resultó herido, pero sobrevivió. En el mismo año, el primero de la dictadura, la Justicia local cerró el caso en la interpretación de que se trató de un accidente. El expediente se reabrió tras el retorno de la democracia en 1984, cuando comenzó a investigarse el homicidio, pero volvió a ser archivado a raíz de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida.

Herrera Piedrabuena consideró probado, en base al testimonio de Pinto, entre otros, que la camioneta Fiat 125 fue arrinconada por otro vehículo. Testigos que acudieron al lugar confirmaron la presencia de policías y personal civil de inteligencia del Ejército, que estaba bajo la órbita del procesado Menéndez, que “apuntaban con Itakas” para que los pobladores se alejaran. El magistrado relató también que, antes de partir desde Chamical rumbo a La Rioja, el sacerdote Pinto había hecho revisar el vehículo en una estación de servicio, por lo cual “la camioneta estaba en perfectas condiciones para viajar”. Partieron a las 14.30 por la Ruta Nacional 38 y tomaron por un “camino viejo de la ruta” para evitar ser “hostigados”. Según el relato de Pinto, un vehículo blanco se acercó en la misma dirección que el que conducía Angelelli y realizó una maniobra “intencionalmente brusca por el lado izquierdo, provocando que volcara”.

El procesamiento de Videla, Menéndez y Harguindeguy incluye una resconstrucción de la obra pastoral de Angelelli, con citas de sus sermones y testimonios sobre el trabajo que realizaban los sacerdotes provinciales para evitar que los campesinos fueran expropiados de sus tierras por grandes empresas. Angelelli había viajado en abril de 1976 para entrevistarse con Harguindeguy en Buenos Aires y pedir la libertad del párroco de la localidad de Olta, Eduardo Ruiz, y mantenía reuniones con altas jerarquías de la Iglesia, ante quienes planteaba una y otra vez sus denuncias, tal como surge de la correspondencia con monseñor Vicente Zazpe. “Era clara la amenaza de que la represión que se estaba llevando a cabo en la Argentina alcanzara trascendencia internacional”, concluyó el juez para explicar el móvil del crimen.