El abogado de Garzón remarcó que el juez Luciano Varela no sólo les dio "una segunda oportunidad" a los denunciantes, sino que los ayudó, "iniciativa que no tiene precedente". Entre otros argumentos, el letrado se refrió al "sesgo peyorativo" del escrito de procesamiento, a que todas las pruebas solicitadas por Garzón fueron denegadas y a que las tesis del magistrado sobre el franquismo "se defienden alrededor del mundo".

Por su lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoyó a la defensa y también solicitó la nulidad "radical" del proceso y el sobreseimiento de la causa, tras afirmar que los escritos de las acusaciones "debieron ser rechazados" y que "Garzón sufrió indefensión". "La actuación del magistrado instructor es insólita e insostenible", señaló el fiscal Luis Navajas, quien consideró que sería "bochornoso" que un tribunal extranjero viniera después a decirnos que no "hemos sido imparciales y que se han vulnerado derechos fundamentales".

El juez español, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista por prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta) al haberse declarado competente en 2008 para investigar más de 100.000 desapariciones forzadas del franquismo en el marco de "crímenes de lesa humanidad".

La querella contra Garzón fue interpuesta por la organización ultraderechista Manos Limpias, y luego se sumaron otros dos grupos de corte fascista, Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS, aunque éste último fue expulsado del proceso por defectos de forma de la acusación. Tras solicitar la defensa y la fiscalía el cierre y archivo del procesamiento, y la acusación su continuidad, el tribunal se retiró a deliberar.

El próximo martes dará una respuesta y, de continuar el juicio, Garzón tendrá que declarar. A las puertas del tribunal se concentraron unas doscientas personas con una gran pancarta con el lema "No hay justicia para estos crímenes", en referencia a las ejecuciones franquistas. "Contra la impunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", podía leerse en otra. "Queremos jueces como Garzón", gritaban los convocados, quienes también llamaban "fascistas y terroristas" a las organizaciones ultraderechistas que llevaron al juez a los tribunales. "Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón", "Heridas abiertas, fosas cerradas", "Tenemos memoria, queremos justicia", o "Tribunal Supremo, vergenza internacional", eran otras de las consignas coreadas.

Al ordenar su procesamiento, Varela sostuvo que Garzón, quien pidió la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo (2005), "era consciente de que carecía de competencia" para investigar los crímenes del franquismo. Además, lo acusó de "ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977" y de "superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007" al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas.

En la primera sesión del juicio, Garzón fue acompañado por varios jueces de la Audiencia Nacional y por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que acuden como observadores y califican como inaceptable el procesamiento del magistrado. El juez, reconocido también por haber desactivado redes de narcotráfico y procesado a numerosos miembros de ETA y políticos corruptos, se declaró competente para juzgar los crímenes del franquismo dos años después de recibir una demanda de varias asociaciones de víctimas. En su resolución, también autorizó la apertura de 19 fosas comunes en toda España, entre ellas la que se creía que estaban enterrados los restos del poeta Federico García Lorca.

El juez acusó al general Francisco Franco y a otros 34 militares golpistas de desarrollar "un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo" contra los adeptos a la II República que "requería el uso de la violencia", similar al que llevó a cabo la Alemania nazi. No obstante, declaró extinguida la responsabilidad penal de Franco y el resto de los militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Emilio Mola, Juan Yagüe o Gonzalo Queipo de Llano, debido a que ya han muerto. El magistrado posteriormente se inhibió a favor de los juzgados territoriales para que sean éstos los que esclarezcan el destino de los cerca de 160.000 desparecidos y unos 30.000 niños apropiados, pero las investigaciones se paralizaron.

Este es el segundo juicio contra Garzón. Hace cinco días tuvo que defenderse de los poderosos empresarios implicados en la trama de corrupción y lavado de dinero "Gürtel", ligada al gobernante y derechista Partido Popular (PP), y sus abogados, que lo acusan de haber autorizado escuchas telefónicas ilegales en prisión.