El juez español Baltasar Garzón, mundialmente famoso por perseguir a violadores de los derechos humanos, regresará hoy al Tribunal Supremo para ser juzgado por abrir la primera investigación en España por los crímenes que cometió el franquismo. El magistrado volverá a sentarse en el banquillo de los acusados a sólo cinco días de haber concluido el primer juicio en su contra, por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales imputados en el caso de corrupción Gürtel, ligado al gobernante y derechista Partido Popular (PP), y sus abogados.

Las organizaciones Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), y la Comisión de Juristas Internacionales, que asistirán como observadores al juicio, ven su procesamiento como un hecho grave que daña la imagen de la Justicia española y una advertencia a los jueces comprometidos con la defensa de los derechos humanos. “Es la primera vez en Europa que un juez está siendo procesado por aplicar el derecho internacional”, afirmó ayer en conferencia de prensa Reed Brody, de HRW.

Las víctimas del franquismo afirman que detrás del procesamiento de Garzón hay una “intencionalidad política”, y es que ni él ni ningún otro juez investiguen los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil (1936-1939) y bajo el franquismo (1939-1975). “España es un país gobernado por los hijos de una oligarquía que se constituyó durante la dictadura, y hay leyes de hierro, y Garzón tocó la ley que permitió a los herederos del franquismo conservar privilegios sociales, económicos y políticos”, dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. No obstante, Silva destacó que, al sentar a Garzón en el banquillo de los acusados, el Supremo “debatirá por primera vez la posibilidad de investigar estos crímenes”. Entre los testigos hay varios familiares de desaparecidos que tendrán la oportunidad de testificar ante el máximo tribunal, algo que nunca antes sucedió en España, afirmó.

El magistrado, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista para el delito de prevaricato –es decir, por dictar a sabiendas una resolución injusta– que solicita la organización ultraderechista Manos Limpias, autora de la querella en su contra. A la demanda se sumaron posteriormente la Asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS, pero este último fue expulsado del proceso, por defectos de forma de la acusación.

El juez ponente que admitió la querella es Adolfo Prego, quien preside la Fundación de la Defensa de la Nación Española, cercana al sindicato Manos Limpias, a cargo de Miguel Bernard, ex dirigente de otra formación ultraderechista, Fuerza Nueva. Sin embargo, fue el magistrado Luciano Varela, un reconocido progresista que se destaca entre la mayoría conservadora del Supremo, quien en mayo de 2010 procesó a Garzón.

Aun así, el procesamiento sirvió para poner en entredicho la neutralidad del Supremo español, acusado por las organizaciones de derechos humanos de defender los intereses del fascismo español, enquistado en las altas esferas del Estado. En su resolución, Varela sostuvo que el juez, quien adquirió prestigio internacional al pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo (2005) –cuya condena fue avalada por el Supremo– “era consciente de que carecía de competencia” para investigar los crímenes del franquismo. Además, Varela lo acusó de “ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977” y de “superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007” al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas.

Garzón, reconocido también por haber desactivado redes de narcotráfico, procesado a numerosos miembros de ETA, políticos corruptos y destapado el caso del GAL –grupo parapolicial que bajo el gobierno socialista de Felipe González se encargó de la “guerra sucia” contra los etarras– recibió en 2006 la denuncia de las víctimas del franquismo, pero no se pronunció al respecto. Dos años después, el 16 de octubre de 2008, el magistrado se declaró competente para investigar la detención y desaparición forzada de miles de personas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista en el marco de “crímenes contra la humanidad”.

También autorizó la apertura de 19 fosas comunes en toda España, entre ellas aquella en la que se creía que estaban enterrados los restos del poeta Federico García Lorca. En su escrito, el juez acusó al general Francisco Franco y otros 34 militares golpistas de desarrollar “un plan sistemático de exterminio” dilatado en el tiempo contra los adeptos a la II República que “requería el uso de la violencia”, similar al que llevó a cabo la Alemania nazi y que el Tribunal de Nüremberg definió como “crímenes de lesa humanidad”.

No obstante, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal de Franco y el resto de los militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, debido a que ya fallecieron. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no apoyó el proceso; y un mes después, Garzón se “inhibió” a favor de los juzgados territoriales para que sean éstos los que esclarecieran los hechos y realizaran las exhumaciones, a la vez que los instó a investigar las desapariciones así como la “sustracción de niños”.