Según estimaron los voceros del gobierno porteño, la Ciudad pidió que "se ordene no innovar hasta que no se cumplan con las obligaciones que figuran por parte del Estado Nacional en el acta acuerdo".

Por su parte, en la carta emitida desde Planificación, De Vido calificó de "jurídicamente improcedente" aquellas afirmaciones y consideró que "además de ilegítima, irrazonable y arbitraria, deviene inconstitucional". En tanto, remarcó que "el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso".

Por ello, la nota de Planificación aclara que "se ha dado cumplimiento en forma total, cabal y estricta" a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y "en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad no surgen claros del contexto de su nota".

En el Acta Acuerdo, la Ciudad había ratificado "la decisión de aceptar la transferencia" del servicio de subterráneos y asumió "el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio".

En ese sentido, se indicó que el aumento tarifaria aplicado por la Ciudad mediante el Decreto CABA 27/12 "comporta un reconocimiento indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un acto de ejercicio de las potestades que se transfirieron".

Además, la nota indica que la decisión de "suspender" las tareas de la Comisión "en forma unilateral por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su no agotamiento o levantamiento, en ningún caso conmueve la vigencia efectiva de la decisión administrativa adoptada por ese gobierno local".

"La torpeza en el ejercicio de la función administrativa -que puede advertirse en un discurso o declaración mediática- no es oponible cuando se trata del Estado o de los hombres que son investidos como funcionarios o servidores públicos, por el voto popular; la actitud debida es aquella que honre no sólo los pactos y la ley aplicable, sino el compromiso de garantizar un servicio público propio de esa jurisdicción y que ya ha sido aceptado", remarcó De Vido.

Y anticipó que "si no fuera así, existen en el Estado de Derecho como el nuestro, vías parlamentarias o judiciales, para acudir frente a la incertidumbre que le aqueja al jefe de Gobierno sobre el alcance de sus actos propios".