Además, la diplomacia británica consideró que "estos últimos intentos de perjudicar los medios de subsistencia de la población de las islas Falklands (como llaman los británicos a las Malvinas) reflejan desafortunadamente una forma de comportamiento del Gobierno argentino" y puntualizó que Londres estudiará cuidadosamente las últimas medidas de Argentina.

"El Gobierno británico apoya el derecho de las islas Falklands a desarrollar sus propios recursos naturales para su propio beneficio económico. Este derecho es una parte integral de su derecho a la autodeterminación", subrayó la diplomacia británica, para quien la legislación argentina "no se aplica" en las Malvinas, Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur.

Según el canciller argentino, Héctor Timerman, estas acciones también se llevarán a cabo contra las compañías que brindan apoyo logístico y financiero a las petroleras, con el objetivo de "defender" los recursos naturales del país. Entre las empresas involucradas, el titular del Palacio San Martín mencionó a las petroleras Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders and Southern.

Para llevar a cabo su estrategia, indicó, el Gobierno conformó un grupo de especialistas jurídicos integrado por funcionarios de la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación. En 2008, la Cancillería argentina presentó una queja ante el Gobierno británico por la concesión de licencias para la exploración y explotación de yacimientos de petróleo.