En un nuevo paso en la ofensiva diplomática contra el Reino Unido para que acepte abrir negociaciones por la soberanía de las islas Malvinas, el gobierno argentino anunció la puesta en marcha de un “plan de acciones legales” contra las empresas que realizan tareas de explotación “ilícitas” de hidrocarburos en el archipiélago, así como con todas las firmas que le brindan apoyo logístico y asesoramiento. En total, se trata de alrededor de un centenar de empresas británicas y de capital internacional. En la presentación, el canciller Héctor Timerman explicó que de esta manera el país afirma “la soberanía y jurisdicción sobre el área y sus recursos”, aunque se preocupó en aclarar que el plan apuntaba a una “resolución pacífica” del conflicto. “Queremos que sepan que están violando las resoluciones de las Naciones Unidas”, explicó. A través de un portavoz, el gobierno británico respondió que “la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo” de los isleños.

Timerman detalló que la movida abarcará tanto acciones judiciales aquí y en el exterior como decisiones administrativas. La Cancillería girará los antecedentes al departamento jurídico de diferentes oficinas gubernamentales –la Secretaría de Energía, por ejemplo, para el caso de las firmas del rubro petrolero– para que a partir del lunes comiencen a evaluar las posibles sanciones que pudieran corresponder. En el caso de la Justicia, las acciones recaerán en el fuero federal.

Aunque la elaboración de la presentación llevaba ya tiempo, la Cancillería recién informó de la conferencia de prensa ayer por la mañana. En el Palacio San Martín, Timerman se presentó junto a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona –que prácticamente no habló–, y a un PowerPoint a través del que fue detallando el “plan”.

Palos

El canciller comenzó con un racconto, remontándose a septiembre de 1995, cuando Argentina y el Reino Unido firmaron una declaración sobre cooperación de actividades en el Atlántico Sur y pocos días después Gran Bretaña la desconoce al lanzar –“unilateralmente”, subrayó– una licitación para la exploración de hidrocarburos. Luego de años de protestas en diferentes foros, Argentina, durante el gobierno de Néstor Kirchner en marzo de 2007, da por terminada la declaración conjunta. El otro paso ya fue cuando las plataformas de exploración llegaron a la zona de las islas y algunas firmas petroleras comenzaron a informar acerca de hallazgos en sus pozos.

Desde entonces, y en especial este año, que se recuerda el 30º aniversario del conflicto bélico, las declaraciones de ambos gobiernos fueron subiendo de tono. El gobierno argentino tomó una serie de medidas buscando que el Reino Unido acepte sentarse a dialogar, tal como lo reclaman las Naciones Unidas. A fines del año pasado, el Mercosur acordó no aceptar en sus puertos buques con bandera de las islas Malvinas. Más recientemente, Timerman viajó a Nueva York para denunciar la “militarización” de las islas y el Ministerio de Industria instó a los empresarios argentinos a reemplazar las compras de productos británicos por otros de diferente procedencia.

Ayer, Timerman anticipó “acciones administrativas, civiles y penales” contras las empresas que operen en las islas. Las dividió en tres niveles. Comenzó con las más obvias, las cinco petroleras que realizan actividades de exploración: Argos, Rockhopper, De-sire Petroleum, Falkland Oil and Gas y Borders & Southern. Luego amplió a las firmas que le brindan apoyo logístico alquilándole las plataformas de perforación Ocean Guardian y Leiv Eriksson. Pero el abanico se abrió considerablemente en el tercer nivel cuando incluyó a las que brindan servicios financieros y de asesoría como bancos, brokers, auditores y analistas de riesgo.

Surgieron varios nombres conocidos. Entre los bancos mencionó al Credit Suisse, Barclays, Morgan Stanley, Lloyds TSB y The Royal Bank of Scotland; entre los brokers, a Merrill Lynch y Seymour Pierce; y de los analistas, a Goldman Sachs, Edison y Jefferies. En una de las pantallas, Timerman mostró la relación entre las distintas petroleras, sus asesores y los inversores, donde surgieron nuevos nombres e interrelaciones entre las empresas. También advirtió a las petroleras que adelantaron su interés en ingresar en el negocio como British Petroleum o Premier Oil.

Y a la Bolsa

Entre las acciones a realizar en el exterior, el canciller anticipó que informará a las Bolsas de Nueva York y de Londres que estas empresas se encuentran involucradas en actividades consideradas ilegales, algo que por ley están obligadas a comunicar. También notificarán a las firmas que brindan servicios financieros y legales que incurren en delito si no detallan a sus clientes que, si intervienen en la explotación de hidrocarburos en Malvinas, se involucran en negocios que se prestan a litigio. “La ley en todo el mundo dice que quienes recomiendan inversiones tienen que explicar sobre los riesgos que cada inversión tiene y, por lo tanto, tienen que informar que hacen acciones ilegales”, sostuvo.

La Cancillería quedará a cargo de la coordinación de un grupo jurídico con representantes de la Procuración del Tesoro y la Procuración General de la Nación, la AFIP, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Justicia que llevará adelante la estrategia legal. “La Argentina sólo va a recurrir al camino legal y al de la diplomacia. No hay país en el mundo que diga que el Reino Unido tiene derechos soberanos sobre las Malvinas”, concluyó Timerman. No puso plazo para las sanciones porque “queda en manos de la Justicia”, lo que sí aseguró es que “Argentina no va a dejar pasar un solo día sin llevar acción judicial”.

El gobierno de David Cameron respondió de inmediato a través de un “portavoz” reproducido por las agencias internacionales. “La exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo y el gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas Falkland a desarrollar su sector de hidrocarburos”, afirmó. El vocero subrayó que “este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación, que está expresamente contenido en la convención internacional de derechos civiles y políticos”.

Un nuevo round de la disputa por Malvinas quedó abierto.