Respecto de la decisión que deberá tomar Bonadío, el fiscal Federico Delgado pidió para los funcionarios y empresarios la categoría de "estrago doloso" e irregularidades en la administración de los subsidios.

En cuanto a la decisión de unir las querellas, Bonadío separó a los grupos de querellantes de acuerdo a quienes están representados por el abogado Gregorio Dalbon, a quienes manifestaron diferencias con las estrategias procesales aplicadas por Dalbon, quienes no indicarán como responsable penal al conductor de la formación, Marcos Antonio Córdoba; y la que reúne solamente a los padres de Lucas Menghini Rey, la última víctima encontrada en la formación que chocó en Once.

El juez sostuvo su decisión de acuerdo al "artículo 85, en función del artículo 416 del Código de Rito procura equilibrar la intervención de los ofendidos con el derecho de defensa en juicio del imputado (…) amén de también buscar favorecer el trámite de las actuaciones, teniendo por norte una mejor y más pronta administración de justicia".

Bonadío espera de esta manera impedir que "el imputado se encuentre en una innegable situación de desventaja respecto de una más que considerable cantidad de sujetos procesales con facultades autónomas; y por otro lado, contribuirá al mantenimiento del orden en el proceso, primando la economía procesal."

De todas maneras, aclaró que "para el caso de que algún acusador particular no comparta un criterio con quien encabece la personería de la que forme parte, podrá dejar a salvo su postura. Ello, en pos de la salvaguarda del derecho de defensa del que también son acreedores los querellantes".

No es la primera vez que en causas complejas con multiplicidad de víctimas se establecen distintos grupos de querellas. Ocurrió con el caso AMIA, en donde Memoria Activa y la agrupación Familiares y Víctimas del atentado formaron dos grupos distintos, mientras también formaron otras querellas la AMIA y la DAIA.