El contrato suspendido había sido suscripto por el Estado y la UTE conformada por las firmas Global Infraestructure, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina (IATA) y González Fischer & Asociados. Días atrás, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, explicó que la medida es "preventiva", y que la decisión final la tendrá "la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación".

El texto oficial afirma que esa dependencia "recibió un oficio judicial por parte del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 por el cual solicitó la remisión del expediente original por donde tramitó la licitación y contratación para el control de la tarjeta Sube" y reconoce que "ha circulado públicamente información periodística vinculada a eventuales irregularidades en la contratación referida".

En este sentido señaló que "considerando la evolución procesal de la referida causa penal, es necesario adoptar medidas tendientes a evitar una eventual afectación del interés público" y "sin perjuicio del citado proceso penal en marcha, la divulgación que han tenido las eventuales irregularidades que habrían acaecido en el marco de ejecución del contrato de marras, adiciona fundamentos a la necesidad de proceder de acuerdo con las instrucciones impartidas por el ministro del Interior y Transporte, en nota de fecha 13 de julio de 2012, correspondiendo adoptar las medidas preventivas pertinentes y oportunas en resguardo del interés público comprometido".