El abogado de la Asociación Gremial (AGTSyP), Luis Ramírez, llevó ante el organismo una queja por la multa de cinco millones de pesos que el macrismo les impuso por no acatar la conciliación obligatoria durante el reciente paro de diez días.

Los metrodelegados sostienen que la Ciudad, como propietaria del subte, era parte en el conflicto, por lo que carecía de la imparcialidad necesaria para dictar la conciliación. Ramírez señaló que el gobierno porteño –que luego pidió al Ministerio de Trabajo nacional que le quitara el reconocimiento al sindicato– atentó contra el derecho de huelga garantizado en la Constitución nacional.

El secretario general de los metrodelegados explicó que en la última reunión que mantuvieron en la Subsecretaría de Trabajo porteña, que terminó con el levantamiento del paro que duró 10 días, "había un principio de acuerdo" para que el gobierno de la Ciudad finalmente no multara a los metrodelegados por no acatar la conciliación obligatoria durante el conflicto, pero "apenas nos fuimos, hicieron lo contrario".

Pianelli reiteró que "no acatamos la conciliación obligatoria porque hacía ocho meses que se llevaba a cabo esta discusión y porque la conciliación es aplicable por alguien imparcial, y el gobierno porteño es parte del conflicto". "No se bancan un sindicato democrático que defienda los intereses de los trabajadores", agregó.

Por último, adelantó que "antes del fin de semana vamos a reunirnos con Metrovías para hablar de salarios y el retiro de formaciones por falta de mantenimiento, entre otros temas" y consideró que "habría que pensar si conviene dejar el subte en manos de un irresponsable como Macri".