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A través de un comunicado, la Asociación de afectados por embargos y subastas (Afes) alertó que el número de empresas y familias de alto nivel adquisitivo que debieron afrontar un proceso de confiscación de sus bienes se incrementó en un 200 por ciento durante los primeros seis meses del año. "La crisis se llevó por delante uno o dos de los salarios que llegaban a casa", sostiene el informe de Afes.
"Las familias de rentas más altas han podido resistir la pérdida de empleo de uno o más miembros de la familia durante algún tiempo gracias a su solvencia económica o venta de propiedades, pero el tiempo ha acabado agotando sus recursos y ante la imposibilidad de seguir estirando el presupuesto, ahora encuentran problemas para seguir adelante", según la Asociación de afectados por embargos y subastas.
Entre algunos casos, la asociación mencionó el de dueños de negocios autónomos que decidieron hipotecar y avalar operaciones de refinanciación con su propia vivienda, además de con sus bienes personales, pero la adversa coyuntura financiera se llevó sus negocios y, por lo tanto, también sus viviendas.
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